En los últimos quince años, la banca española ha cambiado tanto que muchos ciudadanos ya no la reconocen. Ya no hay trato cercano, ni oficinas de barrio, ni libreta que se actualice con el saldo, de quien conoce tu nombre. Ahora, cada vez que cruzamos la puerta de un banco (si es que aún queda uno cerca), sentimos que estamos molestando, como si lo gratuito, lo humano o lo sencillo fueran cosas del pasado, y quizás lo son.
Desde la crisis financiera de 2007 y el estadillo de la burbuja inmobiliaria, más de 40 entidades bancarias han desaparecido en España, absorbidas por fusiones impulsadas por el mercado y, en muchos casos, por la presión del Banco Central Europeo y el Estado. Cajas de ahorro históricas como, la CAM, Caja Madrid, Caixa Galicia, o Caja Castilla- La Mancha pasaron a mejor vida, dejando tras de sí más de 100.000 trabajadores despedidos y cerca de 25.000 oficinas cerradas según datos del Banco de España.
Este proceso de reestructuración, palabra amable para un cambio brutal de modelo, ha tenido consecuencias devastadoras en zonas rurales y barrios humildes. A fecha de hoy, más de 3.400 municipios en España carecen de sucursal bancaria. Algunos pueblos tienen que organizar transportes, para que los mayores puedan ir al cajero más cercano. Hay ancianos que piden cita por teléfono, para ser atendidos tres semanas después por una maquina que no entienden. ¿Eso es progreso?
La excusa de los bancos es la digitalización, dicen que todo puede hacerse online, que el futuro es el móvil y que la oficina física es un modelo insostenible. Pero ese discurso oculta una realidad incómoda, la banca se ha convertido en una industria de extracción de rentas, no en un servicio público.
Mientras millones de ciudadanos se enfrentan a una atención deficiente, la banca española ha obtenido beneficios históricos. Solo en 2023, los cinco grandes bancos (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankinter) ganaron más de 26.000 millones de euros netos. Eso mientras subían comisiones, cerraban oficinas y despedían trabajadores. Y sí, muchas de esas entidades fueron rescatadas con dinero público, como la famosa “hucha de las pensiones”, Bankia, por ejemplo, recibió más de 24.000 millones de euros del Estado. ¿Se han devuelto? No ¿Se ha garantizado un servicio justo? Tampoco.
Hoy tener una cuenta corriente sin comisiones es casi un lujo. Se cobran tarifas por sacar dinero en ventanilla, por ingresar en efectivo, por tener menos de cierto saldo. Hay que pagar por mantener una cuenta donde te ingresan la nómina. Se penaliza la pobreza y se castiga al pequeño cliente. La banca ya no busca fidelizar, busca rentabilizar. Esto no es solo un problema económico, es un problema democrático. En una sociedad moderna, el acceso a servicios financieros básicos debe considerarse un derecho. Nadie debería quedar excluido por vivir en un pueblo, por tener 80 años, o por no entender una aplicación móvil. Pero eso es precisamente lo que está ocurriendo.
Frente esta realidad, cada vez más voces reclaman una solución que fue común en otras épocas, un Banco Nacional del Estado. España ya tuvo entidades públicas financieras, el Banco Hipotecario, el Banco Exterior, el ICO, la Caja Postal etc. Instituciones que garantizaban la financiación de infraestructuras, apoyaban a pymes o simplemente ofrecían atención al ciudadano en cualquier rincón del país.
Hoy un banco público no tendría que competir con los grandes, sino cubrir lo que ellos han abandonado, el territorio despoblado, la atención humana, la bancarización universal, el respeto a la dignidad del cliente. No sería una utopía, sino un acto de justicia.
Muchos países tienen modelos de banca pública exitosa. En Alemania existe el sistema Sparkassen, una red de cajas municipales, que funcionan con criterios sociales, sin ánimo de luco, con atención personalizada. En Francia y en Italia también hay bancos públicos, que prestan servicios básicos y canalizan inversiones estratégicas. ¿Por qué no en España?
La banca privada no es mala por definición. Lo que es inaceptable es que, en la práctica, se haya convertido en un oligopolio que impone sus normas a una población cautiva. Y que lo haga con beneficios récord mientras abandona al ciudadano.
Ha llegado la hora de abrir el debate. Un país que no garantiza el acceso a su sistema financiero, está empujando a una parte de su población al margen de la sociedad. No se trata solo de números, se trata de justicia, de cohesión, de dignidad.
Mientras los bancos se llenan los bolsillos, los ciudadanos solo pedimos lo básico, que no nos expriman como si fuéramos limones. Que nos traten como lo que somos, personas.
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