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Las y los autónomos siguen desempeñando su actividad sin la red de seguridad con la que cuentan las y los asalariados. A pesar de que los datos de siniestralidad reflejan una leve mejoría en términos absolutos, la realidad es que el riesgo sigue siendo alto y la protección, insuficiente.
Durante 2024, se registraron 32.817 accidentes laborales con baja entre las y los autónomos, lo que supone un descenso del 5,2% con respecto al año anterior. Sin embargo, el número de accidentes graves ha aumentado a 712, tres más que en 2023, lo que evidencia que el peligro sigue estando ahí y que la prevención sigue siendo una asignatura pendiente. La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) alerta de esta situación, insistiendo en que la reducción de los accidentes leves no puede ser una excusa para ignorar la falta de medidas de protección real para el colectivo. Los datos reflejan que 30.668 siniestros ocurrieron durante la jornada laboral (-5,2%) y 2.149 fueron accidentes in itinere (-5,9%), pero lo preocupante es que las condiciones de trabajo siguen sin garantizar la seguridad de miles de autónomas y autónomos que desarrollan su actividad sin herramientas suficientes para prevenir riesgos.
En contrapartida, las cifras señalan la reducción de la mortalidad: en 2024, 61 trabajadoras y trabajadores por cuenta propia perdieron la vida en accidente laboral, 12 menos que el año anterior. Pero lejos de ser un motivo de celebración, este dato debe leerse como un recordatorio de que la cifra sigue siendo inaceptable. Cada accidente mortal es una tragedia evitable, y en el caso del conjunto del colectivo, la falta de acceso a recursos preventivos, formación y cobertura social agrava aún más el problema. “Cada accidente es una vida en riesgo, y el aumento de los siniestros graves demuestra que seguimos sin abordar el problema de fondo”, advierte María José Landaburu, secretaria general de UATAE. “Es urgente que las administraciones implementen medidas de prevención realistas, adaptadas a las particularidades del trabajo autónomo, y que se garantice una cobertura adecuada en caso de siniestro”, añade Landaburu.
El debate sobre la siniestralidad en el trabajo por cuenta propia sigue siendo el mismo de siempre, “¿Por qué las y los autónomos tienen menos protección que las y los asalariados?”, señala Landaburu. Mientras en el Régimen General se han reforzado las políticas de seguridad y salud laboral, el colectivo sigue quedando al margen. “No hay incentivos reales para la prevención, ni se han desarrollado mecanismos de apoyo efectivos que permitan reducir los riesgos a los que se enfrentan a diario”, denuncia Landaburu. El resultado es una precariedad estructural que no solo afecta a la estabilidad económica, sino también a su salud y seguridad. Desde UTAE exponen que mientras no se tomen medidas ambiciosas, el trabajo autónomo seguirá siendo sinónimo de desprotección, vulnerabilidad y riesgo innecesario. La caída de los accidentes leves no puede ser la coartada para seguir sin actuar.
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