“Es indecente que la sociedad española acepte que 1 de cada 3 niños viva en situación de pobreza”, ha asegurado el Presidente del Consejo Económico y Social de España (CES), Antón Costas, durante una jornada de debate en torno al Informe sobre derechos, calidad de vida y atención a la infancia.
A su juicio, España presenta un rasgo absolutamente anómalo en el conjunto de la Unión Europea, pues es el país con mayor tasa de pobreza infantil, sólo superado por Rumanía. En concreto, ha alertado de que el 33% de los niños se enfrenta a un riesgo de pobreza o exclusión y de que 1 de cada 10 sufre una carencia material absoluta, lo que les aboca a una situación de extrema vulnerabilidad.
Antón Costas considera que la causa está en la propia sociedad, no en la economía ni en la política. Así, lamenta que muchos de sus sectores -especialmente acomodados- nieguen la existencia de los alarmantes índices de pobreza y exclusión. Por eso, piensa que sin una mayor concienciación y sensibilidad al respecto no se podrá erradicar esta “lacra social”. “Donde no hay terreno fértil, es difícil que las semillas de las políticas acaben germinando”. De ahí que pida a todos los organismos e instituciones preocupados por este problema impropio de un país como España que se dirijan al conjunto de la sociedad y no sólo al poder político.
Eso es, precisamente, lo que hace este Informe del CES, que busca concienciar a la sociedad española de la necesidad de reforzar la lucha contra la pobreza infantil a través de varias dimensiones.
Una renta universal por crianza
En primer lugar, este órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral considera que hay que invertir en infancia como objetivo de país, teniendo en cuenta que la mejor inversión —no gasto— que un país puede hacer para su futuro es la que se destina a la infancia, ya que “casi todo lo que ocurre en la vida depende de lo que pase entre los 0 y los 3 años”. Pero antes, ve conveniente identificar posibles carencias y ámbitos de mejora que permitan avanzar y garantizar los derechos de la infancia y su protección integral, elevando el bienestar y las oportunidades de los niños y niñas.
En segundo lugar, el CES pide incrementar el apoyo a las familias para que la llegada de los niños no sea motivo de problemas, vulnerabilidades, ni fragilidades en el seno del hogar; sino más bien de fortalecimiento. En este sentido, propone la introducción de una renta universal por crianza que complemente los actuales instrumentos de las políticas de infancia, entre los que destacan los propios del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Así pues, Antón Costas ha remarcado que el origen de este problema no está en la capacidad de la economía española, que es la cuarta de la UE. De hecho, otros países con una renta inferior o similar no presentan esta grave anomalía. Y que tampoco reside en la política, puesto que España es un país con una democracia consolidada y donde las políticas de infancia han avanzado bastante a lo largo de los últimos años.
Despilfarro de talento y de dinamismo económico
En este marco, el presidente del CES ha aseverado que “sin una sociedad decente, la economía no se puede orientar al bien común. Una buena sociedad es esencial para una buena economía. Además de la negación del futuro y de la dignidad de las personas que la padecen, la pobreza infantil es un despilfarro de talento y de dinamismo económico”.
Este Informe ha sido elaborado por el CES a iniciativa propia, porque desde su punto de vista mejorar los cuidados y la calidad de vida de la población infantil es uno de los retos más importantes, y al mismo tiempo uno de los mayores estímulos que tenemos como sociedad. El Informe ha sido objeto de debate con distintos expertos durante una jornada celebrada esta mañana en la sede de este órgano consultivo del Gobierno y clausurada por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, quien confía en alcanzar un pacto de estado lo más amplio posible para erradicar la pobreza infantil.
El Consejo Económico y Social (CES) es un órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral que se configura como un ente de derecho público, con personalidad jurídica propia, plena capacidad y autonomía orgánica y funcional para el cumplimiento de sus objetivos. Además de esta labor consultiva, el CES lleva a cabo una actividad de carácter institucional tanto en el ámbito nacional como en el internacional, colaborando en la difusión del análisis y debate sobre las materias de su competencia.
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