Regularizar a medio millón de migrantes: una iniciativa ciudadana sin precedentes

Leo un artículo con este título publicado por Aceprensa en mayo de 2024, sobre la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar a más de medio millón de migrantes en España.

La ILP, impulsada por el partido Por un mundo más justo (M+J), con el apoyo de más de 600.000 firmas, logró ser admitida a trámite en el Congreso de los Diputados el 9 de abril de 2024. Este proceso de participación ciudadana ha sido notable por la diversidad de sus apoyos, incluyendo entidades religiosas y una amplia gama de instituciones ideológicas, lo que refleja una transversalidad rara en tiempos de polarización.

El objetivo de la ILP es abordar la situación de los migrantes irregulares, quienes a menudo han ingresado al país legalmente pero han perdido su estatus debido a circunstancias como la pérdida de empleo o cambios normativos. Regularizarlos no solo busca dignificar sus vidas, sino también beneficiar económicamente a España, ya que su integración en el mercado laboral contribuiría al sistema público de pensiones y a la ejecución de proyectos financiados por fondos europeos.

Sin embargo, hay argumentos en contra de la regularización, que incluyen preocupaciones sobre la seguridad, la presión sobre los servicios sociales, la percepción de competencia laboral con los nativos y el posible “efecto llamada”. A pesar de estos argumentos, no se ha observado una correlación directa entre regularizaciones pasadas y un aumento significativo de flujos migratorios.

Desde una perspectiva ética, es importante reconocer que las fronteras son constructos humanos y que las personas sin empleo deben tener la oportunidad de ocupar trabajos que otros no quieren. Esta idea, sin embargo, debe equilibrarse con políticas que aseguren una integración cultural y social adecuada, educación en la lengua y legislación del país de acogida, y el mantenimiento de códigos morales que prevengan la delincuencia.

Además, es crucial que las políticas familiares faciliten que las familias puedan tener hijos, apoyando así a la sociedad en su conjunto.

En resumen, la regularización propuesta busca no solo mejorar la calidad de vida de los migrantes irregulares, sino también aportar beneficios económicos y sociales a España. La iniciativa, sujeta a condiciones como la residencia mínima y la ausencia de antecedentes penales, representa un esfuerzo significativo por fomentar la cohesión social y la integración.