El presidente de la Generalitat no considera que el plan de financiación reclamado para Cataluña, nada más conocerse el adelanto electoral, sea suficiente. Que el objetivo final es la independencia lo saben todos los que quieren escuchar. Por eso, después de reclamar la recaudación del 100% de los impuestos y de conocer que voces expertas denuncian los riesgos para la igualdad y el equilibrio fiscal, se ha lanzado a anunciar el paso siguiente. 

Es verdad que Aragonés compite con Puigdemont, pero ambos coinciden en su única agenda política: la independencia para Cataluña. A eso, jamás han renunciado.

Aragonés dice ahora que con la Constitución española en la mano se podría convocar un referéndum pactado con el Estado. De hecho, lo dice el que es, o debería ser, máximo representante del Estado en Cataluña. Si el anuncio es grave por la amenaza que lleva implícita, no lo es menos que lo haga un presidente autonómico que lo es de todos los catalanes, incluidos los no independentistas. El uso de las instituciones para fines particulares e ideológicos y el gasto público en informes que avalan las tesis nacionalistas se ha convertido en un vicio. Nada nuevo bajo el sol después de siete largos años durante los cuales el Estado ha intentado, desde la proporcionalidad, neutralizar las pretensiones independentistas.