Si yo fuese presidente del Gobierno de España, tengo muy claras las decisiones políticas que llevaría a cabo, para garantizar unas condiciones de vida dignas, para todos los ciudadanos que viven en nuestro país. Una de ellas sería que la prestación de desempleo fuera indefinida, si las personas que buscan trabajo no lo encuentran durante años, como sucede en Bélgica que se paga el subsidio de paro, hasta que el trabajador encuentre trabajo, incluso hasta su jubilación. La única condición es que se pruebe una búsqueda activa de empleo. Otra de las medidas estrella a tomar es la extensión del ingreso mínimo vital, a todas las familias y personas que realmente lo necesiten, acreditando que es algo cierto e indiscutible. También es esencial que las grandes empresas y bancos, que tienen beneficios económicos desproporcionados, paguen más impuestos como es lógico y contribuyan al bienestar económico y social general.

Es preciso un mayor y más minucioso control fiscal de la actividad económica del país, con más inspectores de Hacienda y también con más controles laborales. Los robots y sistemas automáticos deberán pagar impuestos al Estado, ya que están sustituyendo a personas en sus puestos laborales. Esta última es una medida que se está planteando en artículos y escritos, que salen publicados en los medios de comunicación desde hace unos años, ante el avance vertiginoso de la digitalización, en todo el planeta y especialmente en los países más desarrollados.

Una mayor igualdad salarial entre hombres y mujeres es otro de los retos a lograr y es a la vez uno de los caballos de batalla, para acabar con la brecha salarial. También es absolutamente imprescindible limitar y controlar la subida de la inflación, ya que perjudica a todos y especialmente a las economías más débiles, que no pueden llegar a fin de mes, por el alza de los precios de los productos básicos de todo tipo. Los alimentos fundamentales de la cesta de la compra tendrían que estar subvencionados por el gobierno, ya que todos los ciudadanos tienen derecho a una alimentación sana y suficiente. En relación con la cuantía de las pensiones de jubilación, tiene que estar en relación directa con el IPC real de cada año, para que los jubilados no pierdan poder adquisitivo.

Se precisan más fondos económicos para la sanidad pública y más médicos, ante la subida de la esperanza de vida, que ya supera los ochenta años en España.

Las semanas laborales de cuatro o tres días, para dejar disponibles más puestos laborales a más personas, es otra medida que daría buenos resultados y reduciría el paro. Las jornadas laborales de seis horas servirían para la conciliación de vida laboral y ocio, algo imprescindible.

Todas estas medidas están relacionadas entre sí y contribuirían a una mayor justicia social. Son, en cierto modo, la expresión de un intervencionismo estatal en la economía, con la finalidad de garantizar la real suficiencia económica de todos los españoles y ciudadanos que viven en el territorio español, tal como indica la propia Constitución española. Se basan en el principio de igualdad, tal como lo formula John Rawls un gran filósofo norteamericano y teórico de la justicia, ya que indica que deben aplicarse reglas o normas, que garanticen iguales derechos y libertades para todos.

Además, es evidente que las políticas de los gobiernos deben aplicar el principio de diferencia, para compensar las grandes desigualdades económicas y sociales existentes en las sociedades. O lo que es lo mismo, dar más apoyo económico a los que más lo necesiten. Es la expresión también de una solidaridad absolutamente necesaria.

El velo de ignorancia que plantea Rawls que falleció en 2002, sigue siendo plenamente vigente, porque es cierto que lo justo es la elaboración de normas o leyes que reafirmen que todos tendremos satisfechas las necesidades fundamentales, independientemente de la clase social en la que nazcamos. Todos tenemos los mismos derechos básicos y es tarea del Gobierno garantizarlos de forma real y efectiva, sin excusas.

La política de cualquier presidente del Gobierno debe basarse también en la posición original, que supone pensar que es fundamental tomar decisiones políticas, que partan de una organización social, económica y laboral, que no tenga en cuenta la diversidad de circunstancias en las que nacen los individuos y que, de esta forma, se logre una igualdad de inicio o de partida para todos. De este modo, la vida será digna siempre para todos los ciudadanos, dejando aparte las circunstancias en las que tengan que vivir. En definitiva, esta es la manifestación o expresión de un Estado social de derecho, que está amparado y reconocido por el texto constitucional español. No es una utopía, porque la sociedad está cambiando vertiginosamente y los extraordinarios avances tecnológicos y médicos van a producir unos cambios espectaculares, en los modos de vida y también, por qué no decirlo, en las expectativas de vida. La población, de modo general, cada vez vive más años y esto es un reto para las sociedades capitalistas. Existen soluciones y están directamente relacionadas con el incremento de la productividad, que nos ofrecerá la Inteligencia Artificial hasta límites increíbles.