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Una ignominia pendiente de juicio

Un país edentado

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Ni el ágora más cualificada podría justificar tal destino en una persona, ni siquiera, con la ayuda de la iatrogenia institucional más empecinada. Algo tan difícil como asumir el esfuerzo de superar la primera pantalla de la pobreza alimentaria, y llegado el caso, aterrizar en una segunda, donde el esfuerzo exigido es pagar de media 1450€ (según empresa médica) por una pieza dental, claro está, que con el generoso excedente marginal que otorga el salario mínimo (SMI 1080€ BT) es cuando menos, un milagro, y ya sabemos que no existen. Todo ello, para materializar el hecho ambiental de poder comer como especie. Lo paradójico, es que son pantallas concomitantes. No hay mayor condena sobrevenida que sufrir la precariedad en España y, por si fuera poco, sin dientes.


El catálogo de servicios medievales que actualmente ofrece la asistencia dental pública, o lo que es lo mismo (para enfermos insolventes), se centra en una única especialidad : la mutilación. Ir más allá, supone colisionar con la influencia de un mercado claramente determinado al lucro incesante de sus empresas y profesionales, formando una argamasa lobista con capacidad de doblegar cualquier doctrina humanista. De manera, que la persona aún empobrece más en dignidad. No obstante, esta cuestión no solo pasa por el posible curso de nuevas biopolíticas  - que también - se presume otras causas subyacentes y que tienen como objeto las actitudes prejuiciosas : "los estereotipos protegen el sistema de valores del individuo ofreciendo resistencia a aquellos cambios que afectan a nuestra auto-estima, ideología o auto-protección" (Tajfel,1919).


¿Qué hay de cierto en la creencia manifiesta de muchos en una moralidad social justa? Pues, tanto como la actitud ambivalente frente a la aporofóbia tabicada en principios y valores propios de la ética protestante, que por encima de todo salvaguarda los distingos categóricos, de otra parte, tan necesarios para reducir la complejidad de saber en cada momento, quién es quién. Y que no pocos están dispuestos a renunciar, mucho menos, a cargo de su sacrificio personal.


Recientemente, un juzgado anuló el proyecto de dentista municipal impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona y dirigido a toda la ciudadanía con precios asequibles entre un 15% y un 40% menos.  La sentencia estimaba el recurso del COEC (Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatología) el cual consideraba que el consistorio no tenía competencia en la materia. El TSJC acordó medidas cautelares, que afortunadamente suspendió a petición del Ayuntamiento, el que posteriormente elevó recurso al Tribunal Supremo. La Generalidad de Cataluña, elemento jurídico clave, parece no priorizar el acuerdo de colaboración con el consistorio para avanzar en el servicio bucodental de la ciudad contemplado en la Carta Municipal de Barcelona.


El reciente cambio de alcaldía no hará sinó que recalar tan loable propósito en el adanismo político.


Un enfoque bien distinto, es el relacionado con la pasada incorporación de Alberto Monterol ex-diputado de Podemos como asesor del grupo Vitaldent y promotor de un estudio que tenía como objeto la viabilidad de ampliar la cobertura pública actual y su posterior traslado al gobierno para su valoración. Compañía, que factura 300 mills. euros y cuenta actualmente con la participación minoritaria de JB Capital Markets, la firma de banca de inversión presidida por Javier Botín (Banco Santander) Se presenta la oportunidad futura de monopolizar el  mercado a través de un negocio similar a la <máster franquicia> donde ofrecer servicios mediocres a cambio de contratos millonarios con la administración.


Mercantilizar la dentadura de la mayoría es una exclusiva irresistible.


Todo un circunloquio competencial y político anclado en la perversión economicista ausente de debate, continuista con la actual estructura de sumisión del débil, y lejos, muy lejos de una atención bucodental social y de derecho.


Una vez más, la miseria se averigua como el gran negocio.

Feliz verano!

Un país edentado

Una ignominia pendiente de juicio
Víctor Grave
sábado, 29 de julio de 2023, 10:36 h (CET)

Ni el ágora más cualificada podría justificar tal destino en una persona, ni siquiera, con la ayuda de la iatrogenia institucional más empecinada. Algo tan difícil como asumir el esfuerzo de superar la primera pantalla de la pobreza alimentaria, y llegado el caso, aterrizar en una segunda, donde el esfuerzo exigido es pagar de media 1450€ (según empresa médica) por una pieza dental, claro está, que con el generoso excedente marginal que otorga el salario mínimo (SMI 1080€ BT) es cuando menos, un milagro, y ya sabemos que no existen. Todo ello, para materializar el hecho ambiental de poder comer como especie. Lo paradójico, es que son pantallas concomitantes. No hay mayor condena sobrevenida que sufrir la precariedad en España y, por si fuera poco, sin dientes.


El catálogo de servicios medievales que actualmente ofrece la asistencia dental pública, o lo que es lo mismo (para enfermos insolventes), se centra en una única especialidad : la mutilación. Ir más allá, supone colisionar con la influencia de un mercado claramente determinado al lucro incesante de sus empresas y profesionales, formando una argamasa lobista con capacidad de doblegar cualquier doctrina humanista. De manera, que la persona aún empobrece más en dignidad. No obstante, esta cuestión no solo pasa por el posible curso de nuevas biopolíticas  - que también - se presume otras causas subyacentes y que tienen como objeto las actitudes prejuiciosas : "los estereotipos protegen el sistema de valores del individuo ofreciendo resistencia a aquellos cambios que afectan a nuestra auto-estima, ideología o auto-protección" (Tajfel,1919).


¿Qué hay de cierto en la creencia manifiesta de muchos en una moralidad social justa? Pues, tanto como la actitud ambivalente frente a la aporofóbia tabicada en principios y valores propios de la ética protestante, que por encima de todo salvaguarda los distingos categóricos, de otra parte, tan necesarios para reducir la complejidad de saber en cada momento, quién es quién. Y que no pocos están dispuestos a renunciar, mucho menos, a cargo de su sacrificio personal.


Recientemente, un juzgado anuló el proyecto de dentista municipal impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona y dirigido a toda la ciudadanía con precios asequibles entre un 15% y un 40% menos.  La sentencia estimaba el recurso del COEC (Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatología) el cual consideraba que el consistorio no tenía competencia en la materia. El TSJC acordó medidas cautelares, que afortunadamente suspendió a petición del Ayuntamiento, el que posteriormente elevó recurso al Tribunal Supremo. La Generalidad de Cataluña, elemento jurídico clave, parece no priorizar el acuerdo de colaboración con el consistorio para avanzar en el servicio bucodental de la ciudad contemplado en la Carta Municipal de Barcelona.


El reciente cambio de alcaldía no hará sinó que recalar tan loable propósito en el adanismo político.


Un enfoque bien distinto, es el relacionado con la pasada incorporación de Alberto Monterol ex-diputado de Podemos como asesor del grupo Vitaldent y promotor de un estudio que tenía como objeto la viabilidad de ampliar la cobertura pública actual y su posterior traslado al gobierno para su valoración. Compañía, que factura 300 mills. euros y cuenta actualmente con la participación minoritaria de JB Capital Markets, la firma de banca de inversión presidida por Javier Botín (Banco Santander) Se presenta la oportunidad futura de monopolizar el  mercado a través de un negocio similar a la <máster franquicia> donde ofrecer servicios mediocres a cambio de contratos millonarios con la administración.


Mercantilizar la dentadura de la mayoría es una exclusiva irresistible.


Todo un circunloquio competencial y político anclado en la perversión economicista ausente de debate, continuista con la actual estructura de sumisión del débil, y lejos, muy lejos de una atención bucodental social y de derecho.


Una vez más, la miseria se averigua como el gran negocio.

Feliz verano!

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