|
El Gobierno anunciaba hace unas semanas que declarará exentas del Impuesto de Bienes Inmuebles al conjunto de las confesiones religiosas de “notorio arraigo” en España, tengan o no suscritos acuerdos de colaboración con el Estado. Hasta ahí la cuestión entra dentro de la máxima normalidad democrática, que considera la libertad religiosa un bien fundamental a proteger.
Lo llamativo es el coro de voces aliadas de ese mismo Gobierno que hablaron de extender lo que llama “privilegios” de la Iglesia católica, y plantean sencillamente suprimirlos. No había pasado un mes desde la firma del acuerdo entre la CEE y el Ministerio de la Presidencia que eliminaba cualquier pequeño atisbo de diferente trato fiscal con el resto de las entidades sin ánimo de lucro. No hay ningún resquicio para sostener que existan privilegios fiscales, pero a la vista está que los ataques continúan.
| 
