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Lo que más recelo suscita la controvertida Ley de la Vivienda es la protección implícita que ofrece a los ocupantes ilegales de viviendas particulares al exigirse a los propietarios una serie de requisitos burocráticos para proceder a su desahucio con trámites complejos que pueden durar años.
No hay duda de que la sociedad es consciente del drama social de falta de viviendas. Lo que resulta difícil de asimilar es que al Gobierno le haya entrado ahora la prisa por motivos electorales, sin haber hecho nada a lo largo de los cinco años que lleva, mientras España necesita un mínimo de 120.000 viviendas nuevas al año para cubrir los niveles actuales de demanda. Bien distinto sería el panorama si el Gobierno hubiese abordado el problema en el marco de un pacto de Estado que implicara a todos los partidos y agentes sociales.
Ahora se quiere remediar con prisas y a lo loco, con una ley a la que ya se ven efectos indeseables, como ha ocurrido con la ley del "si es si", con subidas de precios y escasez de oferta de viviendas, según las previsiones de los analistas del sector. Pero tenemos unas elecciones ya y otras a la vista, en 6 meses.
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