¿Vela el Estado por los intereses de los ciudadanos?

Estamos entrando en tiempos en los que la palabra paz se pronuncia con más facilidad que se practica. No faltan quienes, antes de llegar al poder, aseguran que no iniciarán nuevas guerras, que pondrán fin a las ya existentes, que tenderán puentes en lugar de cavar trincheras. Promesas que, una vez alcanzadas las altas esferas, se diluyen entre intereses y el deseo, a menudo mal disimulado, de dejar una huella de fuerza en el tablero internacional.

Oímos hablar en los medios de los aforamientos y de sus beneficiados, los aforados. Pero con frecuencia nos liamos la manta a la cabeza y creemos que solo son aforados los políticos, o que ningún aforado puede ser juzgado. Con lo que bien está que sean aclaradas ciertas cosas básicas sobre tan esencial asunto.

El 23 de junio de 1936, un documento oficial norteamericano revela la inquietud que embarga a los delegados de Estados Unidos para lograr un acuerdo territorial relacionado con el Chaco, a un año de haberse logrado el cese de hostilidades entre Paraguay y Bolivia.