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La situación,del drama del poder judicial, calificada de dramática por los jueces, podría simplificarse como la pugna entre el Gobierno y el Partido Popular por el control político de los principales órganos judiciales, frente a la deseada independencia del poder judicial. Aunque las partes interesadas podrían llegar a un acuerdo final sobre el cambio del modelo de elección que exige la Unión Europea, lo que se plantea es si la renovación pendiente debe hacerse antes o después de ese necesario cambio del sistema.
Es obvio que el Gobierno de Sánchez quiere asegurarse una mayoría afín a sus planteamientos ideológicos para impedir el trámite de los numerosos recursos presentados por la oposición contras leyes y decretos que consideran contrarios al espíritu y la letra constitucional. Y no solo eso, sino asegurarse además la permanencia de estas leyes en el tiempo, aunque en las próximas elecciones gane el Partido Popular, como prevén todas las encuestas menos las de Tezanos. Pero lo que sería realmente dramático es que algunos jueces se dejaran influir por este juego político, perdiendo así su independencia y su prestigio.
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