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La Generalitat de Cataluña, con mayoría absoluta de los independentistas, ha elaborado un conjunto de normas, como el último decreto-ley del pasado 30 de mayo, destinadas a eludir las sentencias de los tribunales a propósito de la obligación de impartir en castellano un 25 por ciento de las asignaturas en la enseñanza no universitaria.
Se ha llegado así, mediante un auténtico ejercicio de ingeniería lingüística, a establecer una diferencia entre el catalán como lengua vehicular y del castellano como lengua curricular, todo un galimatías para marginar la lengua común de todos los españoles, y asegurar la inmersión del catalán en contra de la ley.
Lo más lamentable de esta situación es que el Gobierno de Sánchez, que tanto insiste, cuando le interesa, en que las leyes están para cumplirlas, mira para otro lado cuando la desobedecen sus aliados separatistas, haciéndose cómplice culpable de la burla al Estado de Derecho.
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