El rescate bancario fue un auténtico desastre para los ciudadanos españoles, porque los bancos siguen sin devolver los 101.500 millones de euros a los contribuyentes en España, porque es el coste real para el Estado. Han pasado diez años. Esas ayudas públicas tienen que devolverse y no se está haciendo. Es como si estuvieran perdonadas u olvidadas. Es absolutamente injusto, analizando en profundidad la realidad de lo que sucedió. Es como si la banca tuviera un trato de favor, por parte del Gobierno y en cambio los ciudadanos no.

Los que sostienen a las entidades financieras son los clientes, no debe ser el Estado. Pero los bancos no lo consideran así y repercuten todos los gastos en los ciudadanos. Además, no se conforman con ganar cantidades astronómicas cada año, quieren ganar más todavía en la siguiente anualidad. En cambio, los particulares no pueden duplicar el sueldo cada año siguiendo la estela o la línea  de ganancias de los entes bancarios.

Además, los bancos ponen condiciones leoninas en las hipotecas, y parece que no son ajenos a la gerontofobia, porque limitan el pago de las hipotecas a los 75 años, para la compra de una vivienda que es algo de primera necesidad, algo reconocido en la Constitución española. Es vergonzoso, puesto que con un seguro de vida y del hogar se cubren perfectamente todos los riesgos posibles e imaginables.

Debería ser posible que las personas con 63 años, por ejemplo, puedan disponer de una hipoteca de hasta 20 años, lo que permitiría que pagaran la cuota del préstamo y de esta formapodrían vivir, con cierta calidad de vida. No se conforman con cobrar intereses por encima de lo establecidoy es denigrante que recorten hasta los 75 años, cuando lo 80 de ahora no son como los de hace  30 o 40 años y encima cobran comisiones por todo.

La gente no está obligada a ahorrar toda su vida, porque lo digan los bancos y a malvivir para poder tener una vivienda, que es un derecho reconocido también por los Derechos Humanos. El riesgo cero no debe existir para los bancos, porque los seguros son suficientes para solucionar  los imprevistos de todo tipo. 

Tienen que cambiarse las normas o las leyes, para evitar este tipo de abuso a los ciudadanos mayores, que tienen tanto derecho como los jóvenes y el resto de los habitantes de España a poder ir pagando una vivienda,de  una forma holgada y pudiendo vivir bien, sin someterse a la dictadura de la banca. El Gobierno del presidente Pedro Sánchez debe tomar cartas en el asunto y garantizar que se flexibilizan las condiciones hipotecarias a los mayores y de una forma urgente, con un decreto-ley o algo similar.

De lo contrario, se está marginando de forma absolutamente irracional a millones de españoles mayores, que tienen el mismo derecho a una vida digna que cualquier otro ciudadano, tenga la edad que tenga. Esta es la realidad.

La barrera de los 75 años respecto a las hipotecas debe ser derribada de modo inmediato, porque discrimina de una forma intolerable. Se puede subir el coste de los seguros de vida dentro de límites razonables y de esa forma ampliar hasta 20 años la devolución de las hipotecas para los mayores de 60 años.

Es una cuestión de justicia individual y también social, así de claro y contundente. La igualdad debe ser real y efectiva también en relación con esta problemática y no debe ser algo meramente abstracto y teórico. El Gobierno central de España puede hacer este tipo de cambios u otros similares para asegurar la equidad, en los procesos de compra de las viviendas. No es suficiente con las políticas de vivienda de protección oficial o con las ayudas económicas para la compra de piso, es preciso hacer más y pensar también en la población mayor.

Ante las crisis que se nos avecinan y si se piensa en la subida de la inflación, el Gobierno debe tomar medidas, para que el acceso a la vivienda sea un derecho efectivo y no una posibilidad teórica que dependa del mercado, de forma exclusiva.

Flexibilizar las condiciones bancarias es posible, con una adecuada intervención estatal, a través de una nueva legislación o de normas de obligado cumplimiento. De esta forma, se conseguiría mejorar sustancialmente el acceso a la vivienda de todos los españoles.