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Se ha presentado en el Consejo General de la Abogacía Española el XVI Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita en España, elaborado por Abogacía Española y la Fundación Wolters Kluwer. Este informe se realiza a partir de los datos facilitados por los 83 Colegios de la Abogacía y ofrece una visión detallada de la Asistencia Jurídica Gratuita en España, un servicio clave para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de las personas sin recursos económicos.
La recuperación de la actividad judicial tras la pandemia produjo en 2021 un aumento de más del 20% en los asuntos de justicia gratuita. En 2021, los profesionales de la abogacía inscritos al Turno de Oficio, que son uno de cada tres, atendieron casi dos millones de estos asuntos.
Este servicio es muy bien valorado por sus usuarios. Así se pone de manifiesto en la encuesta "La Asistencia Jurídica Gratuita en España: evaluación ciudadana", elaborada por Metroscopia e incluida también en el informe.
La inversión de las distintas administraciones superó los 284 millones, un 16% más que el año anterior. Eso hizo que la inversión por ciudadano subiera hasta los seis euros. Sin embargo, la retribución media que recibe un abogado del turno de oficio por cada asunto bajó hasta los 147 euros.
La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) y Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han mantenido un primer encuentro con el objetivo de establecer las líneas de colaboración y los mecanismos necesarios para que los derechos de las personas mayores y con discapacidad mayores estén presentes en el marco de las políticas municipales.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad registraron durante 2023 un total de 24.581 denuncias por desaparición que corresponden a 15.126 personas diferentes, según el balance difundido por el Ministerio del Interior. El titular del departamento, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado que el ministerio va a empezar a prestar atención psicológica gratuita a los familiares de las personas desaparecidas.
Actualmente, cuando despiden a una persona trabajadora de manera improcedente, ya sea porque se carece de una justificación legal o porque no se ajusta a la legislación vigente, ésta recibe una compensación económica que se establece en 33 días de salario por año trabajado con prorrateo mensual para periodos inferiores a un año y hasta un límite de 24 mensualidades. Pero los sindicatos han considerado que esta indemnización es muy baja.
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