Se ha presentado en el Consejo General de la Abogacía Española el XVI Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita en España, elaborado por Abogacía Española y la Fundación Wolters Kluwer. Este informe se realiza a partir de los datos facilitados por los 83 Colegios de la Abogacía y ofrece una visión detallada de la Asistencia Jurídica Gratuita en España, un servicio clave para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de las personas sin recursos económicos.
La recuperación de la actividad judicial tras la pandemia produjo en 2021 un aumento de más del 20% en los asuntos de justicia gratuita. En 2021, los profesionales de la abogacía inscritos al Turno de Oficio, que son uno de cada tres, atendieron casi dos millones de estos asuntos.
Este servicio es muy bien valorado por sus usuarios. Así se pone de manifiesto en la encuesta "La Asistencia Jurídica Gratuita en España: evaluación ciudadana", elaborada por Metroscopia e incluida también en el informe.
La inversión de las distintas administraciones superó los 284 millones, un 16% más que el año anterior. Eso hizo que la inversión por ciudadano subiera hasta los seis euros. Sin embargo, la retribución media que recibe un abogado del turno de oficio por cada asunto bajó hasta los 147 euros.
Si finalmente el proyecto de ley que contempla la reducción de la jornada laboral salvase el obstáculo del trámite parlamentario y se llegase a dar luz verde al mismo, una de las consecuencias directas sería el aumento del salario por hora de trabajo. El escenario que plantea la reducción de las 40 horas a las 37,5 horas semanales propiciaría un incremento del valor por hora trabajadora de 9,26 a 9,75 euros, aproximadamente.
Durante la inauguración de la II Jornada de Delitos de Odio para jefes y directores de seguridad, la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, ha destacado la labor “crucial” de la seguridad privada para “fortalecer la detección temprana y la respuesta eficaz ante los delitos de odio, siempre en estrecha colaboración con la Policía Nacional”.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y su homólogo peruano, Carlos Malaver, se han comprometido a reforzar la cooperación en seguridad entre ambos países y seguir el camino iniciado en febrero de 2019 con la firma del Convenio bilateral sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, en vigor desde marzo de 2023.
