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La reducción de la jornada semanal aumentaría el valor de la hora trabajada | |||
| El Gobierno pretende aplicarla antes de final de año, pero debe salvar el difícil obstáculo del trámite parlamentario. Cómo se ejecutaría la reducción es ahora el debate | |||
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Si finalmente el proyecto de ley que contempla la reducción de la jornada laboral salvase el obstáculo del trámite parlamentario y se llegase a dar luz verde al mismo, una de las consecuencias directas sería el aumento del salario por hora de trabajo. El escenario que plantea la reducción de las 40 horas a las 37,5 horas semanales propiciaría un incremento del valor por hora trabajadora de 9,26 a 9,75 euros, aproximadamente, y el salario mensual no tendría merma alguna pese a la disminución de la jornada, ni el SMI se vería tampoco reducido. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo La posición del Ministerio de Trabajo, liderada por su titular Yolanda Díaz, es firme. Defiende su aprobación y pretende que se implante antes de que finalice 2025. La ministra valora que sería clave para el aumento de la productividad, la reducción de los niveles de absentismo y contribuiría a beneficiar la conciliación de la vida laboral y familiar; además de incidir en un incremento en la generación de empleo y la optimización de los recursos empresariales. Apoyos y rechazos Desde el gobierno se considera más que necesario adaptar la legislación española a la realidad de los países miembros de la Unión Europea, con jornadas inferiores en algunos casos a las 35 horas de jornada semanal —como por ejemplo, Francia, Alemania y Holanda— o por debajo de las 37,5 —en el caso de Finlandia o Noruega—. El proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral cuenta con el inquebrantable apoyo de los sindicatos mayoritarios y la generalidad de los socios parlamentarios que sostienen al gobierno de coalición, pero no así de la patronal y de partidos políticos como PP, VOX y, posiblemente, Junts. Antonio Garamendi, presidente de la CEOE El encarecimiento de los costes empresariales, verbalizado una y otra vez por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, así como la perdida de la flexibilidad y la competitividad de muchas empresas son los argumentos de peso que manejan los empresarios para rechazar de plano el proyecto de ley. Tanto la CEOE como la CEPYME aseguran que la modificación legislativa vulnera cuestiones que son materia exclusiva de negociación en los convenios colectivos y concluyen indicando que condenarían a la desaparición de pequeñas empresas al no poder efectuar ajustes de plantilla que les permitiese su supervivencia. Ejecutar la reducción La propuesta legislativa debe alcanzar su aprobación en las Cortes Generales. Pero cómo ejecutar la reducción es ahora el debate. Las negociaciones entre todos los agentes sociales han sido durante varios meses arduas y complejas. Pero aún lo será más entre los grupos políticos en el Congreso. La ministra de Trabajo intentará alcanzar un acuerdo parlamentario para que se aplique antes de que finalice el año 2025, aunque el propio gobierno admite la complejidad de sacar adelante el recorte horario. Las empresas tendrán que adaptar el registro diario de jornada, digital y objetivo a las nuevas condiciones laborales y el anteproyecto de ley también contempla la regulación de la desconexión digital. Ambas circunstancias pilares indispensables de control para que la reducción horaria sea efectiva y se cumpla estrictamente. |
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