Contrariamente a lo que pensaban la mayoría de los españoles, la transición en España no tuvo de protagonista al partido comunista español, el que parecía más fincado entre la clase obrera y el que, a través de CC.OO, estuvo causando más problemas al empresariado, durante los últimos años del gobierno del general Franco; sino que fueron los socialistas del congreso de Suresmes, con el señor Felipe González al frente, los que tomaron la bandera de la izquierda española durante aquel proceso del cambio que fue conocido como la “transición española” y que dio por resultado que España se convirtiera en una democracia, sin que se produjeran aquellos tumultos que la ciudadanía venía previendo, desde el fallecimiento del general.

Sin duda alguna aquello pudo producirse porque, tanto los antiguos dirigentes del anterior régimen, como los militares, como los moderados del señor Suárez , como el mismo Felipe González y, posteriormente, con la aprobación de Santiago Carrillo, hubo personas al frente del país, lo suficientemente inteligentes para comprender que, una España en llamas, era lo peor que podría tener lugar. 

¿Se imaginan ustedes, por un momento, que con los políticos que gobiernan el país en estos días del 2022, con esta colección de irresponsables, que no dudan en sacrificar al pueblo español para mantenerse al frente de la nación, se hubiera planteado la sucesión de la dictadura? Evidentemente que, lo que fue la recuperación económica, el desarrollo democrático, el amejoramiento de la vida del pueblo  llano, el llamado “milagro de la transición “, unánimemente reconocido por toda Europa y las cuotas de prosperidad y desarrollo para la nación fueron, sin duda alguna, un acontecimiento que impidió que los rencores residuales de la contienda civil hubieran renacido en forma de revancha, reverdecimiento de los odios entre españoles o intentos desestabilizadores de la normalidad que, con tantos esfuerzos, se consiguió para nuestra patria.

Estamos, din duda, ante una reproducción de lo que fueron los peligros latentes que subyacieron en aquellas fechas, felizmente superados por la sensatez de políticos como Suárez, González, Fernández Miranda, el Rey y aquellos militares que tuvieron la grandeza de ceder el poder que tenían, que era mucho, en beneficio de una reconciliación nacional. Pero, señores, en este caso actual, sin todos aquellos señores con altura de miras que lideraron un tránsito pacífico de la dictadura a la democracia; en manos de quienes, a diferencia  de los dirigentes de la transición, su empeño, sus objetivos y sus intereses partidistas son los de cambiar el régimen constitucional, pasar de monarquía parlamentaria a república y, en este caso, de cariz evidentemente totalitario, de izquierdas, sin oposición de derechas y con todos los elementos precisos para convertir España en un satélite más del comunismo internacional.

Y, hete aquí, que las izquierdas, en constante lucha entre ellos mismos para conseguir el poder, ha entrado en una nueva fase en la que el señor Pablo Iglesias ha dejado (¿de momento?) de dirigir su particular forma de enfocar el comunismo para, aparentemente, cederle el cetro a la señora ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no voluntariamente, por supuesto, sino a la fuerza, debido a que su influencia en Unidas Podemos, parece que ha dejado de ser decisiva. Era obvio que Podemos estaba a la deriva, en bajada constante y sin nadie que pareciera tener el carisma necesario para resucitarla. Las sucesivas mediciones demoscópica sobre la intención de voto de los españoles, vienen evidenciando, desde hace ya muchos meses, la caída en picado de Podemos, que puede quedar convertido en algo meramente testimonial.

Es por ello que, cuando ha aparecido la figura de la señora Yolanda Díaz, abogada laboralista, que ha intentado aglutinar a su alrededor una serie de comunistas dispuestos a apoyarla en una nueva singladura con la que intentar mejorar la imagen del comunismo, darle aires a la vieja idea totalitaria, renacer aquella lucha, aparentemente aparcada, dirigida a culpar a los empresarios de lo que para ellos, los comunistas, significa potenciar la lucha anticapitalista, como se está viendo en sus últimos intentos de controlar, desde dentro, la marcha de la empresa o de imponer una nueva norma sobre los despidos que dejarían de ser una indemnización fijada de acuerdo con los años de servicio, para pasar a depender de una serie de circunstancia subjetivas y objetivas, de modo que el despido se complicara, se retrasasen aquellas medidas para descargar a la empresa de una carga salarial excesiva que, en la mayoría de ocasiones, si no se lleva a cabo con la premura y solvencia necesarias, puede que ya no de lugar a poder mantener activa la empresa.

Cuando no se ha estado dentro de la organización de una empresa, sólo se han contemplado  sus problemas a través de informaciones interesadas, sesgadas, manipuladas y, evidentemente, subjetivas de los trabajadores o de los miembros de los comités de empresa, es posible que estos abogados laboralistas caigan en el síndrome de Estocolmo, entendiendo que el obrero siempre es el perjudicado, que el patrón nunca tiene razón y, si despide, es por “antipatía”, “sadismo” o para ganar más dinero; siendo incapaces de comprender que, un empresario, lo que desea es que su empresa salga adelante, porque es su modus vivendi y el negocio en el que ha invertido su dinero, sabiendo que los trabajadores son imprescindibles para ello y, en consecuencia, un buen trabajador es un activo indispensable, valioso y necesario para mantener el negocio en condiciones de sacarle beneficio. Solo cuando hay gangrena empresarial se recurre a la amputación, en este caso, de la plantilla.

El empeño en desprestigiar al empresario, además de absurdo y equivocado, no deja de ser un pensamiento obsoleto, si tenemos en cuenta que, aparte de las pymes y autónomos, la mayoría de las empresas ya no pertenecen a un señor o una familia, como era el caso de la burguesía catalana, sino que la mayor parte de ellas pertenecen a una multitud de accionistas que participan como accionariado en una o varias de ellas. Sus dirigentes son personas especialistas, con carrera universitaria y una serie de experiencias que los hacen imprescindibles para dirigir una sociedad moderna, que precisa de un buen staff de consejeros que dominen las distintas facetas de cualquier empresa que pretenda sobrevivir ante una competencia feroz.

Cuando a una señora ministra de Trabajo le escuchamos decir, sin que se le caiga la cara de vergüenza, que el gabinete de estudios del Banco de España y su directos, son unos “ignorantes”, porque se han “atrevido” a poner en cuestión las previsiones económicas del actual gobierno, ya se nos caen los palos del sombrajo y dejamos de pensar que, entre los ejecutivos del Gobierno existe un mínimum de sensatez, un ápice de sentido común o, una idea de lo que es la economía, sus condicionantes, sus formas de manifestarse y su importancia, cuando se trata de prever una situación que, desde todas las instituciones europeas, desde todos los estudios de economía, y desde los más importantes publicaciones especializadas, todos coinciden con lo que el estudio del banco de España viene advirtiendo ¿por algo será, no?

Uno que, durante su vida activa, estuvo asesorando a empresas en cuestiones laborales, no puede entender que una ministra, evidentemente mal informada o, lo que es peor, resabiada y con la intención de cargarse la economía del país, evidentemente dependiente en un 90% del empresariado, pueda caer en la tentación de rectificar, públicamente, un estudio llevado a cabo por una de las entidades más prestigiosas de la nación española. Ella misma se autocalifica, se desacredita y, por si fuera poco,demuestra su incapacidad para ocupar el puesto que Sánchez le entregó, seguramente debido a la presión de su socio, Podemos, que lo mantienen en el sillón presidencial.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, coincidimos plenamente con la opinión del eurodiputado de Ciudadanos, señor Luis Garicano, cuando ha arremetido contra el intento de la ministra de modificar la cuantía de las indemnizaciones por despido, calificándola de indemnización “disuasoria”,  y que, según él,  no es establecer una cuantía fija de indemnización, sino crear una serie de criterios que conviertan la compensación por despido en disuasoria y reparadora. Dice el señor Garicano que “ Si el Gobierno sigue ‘disuadiendo’ con impuestos, cargas, regulaciones y prohibiciones, van a conseguir ‘disuadir’ la actividad económica entera”. Nada que añadir a estas sensatas observaciones.