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La magistratura no puede abandonar. España en manos de politicastros

Sin el freno de los jueces, los que quieren acabar con la democracia en España, tienen el campo libre para implantar sus estrategias revolucionarias
Miguel Massanet
miércoles, 30 de diciembre de 2020, 12:16 h (CET)

Nos asustan. Nos intranquilizan que estas voces del Tribunal Supremo que se están filtrando a través de los medios de información, reflejen algo más que una interpretación de unos pocos de sus miembros y no la de la mayoría de ellos. Resulta poco menos que increíble que desde el alto tribunal se refieran a los recursos que se están elevando a su consideración como de simples cuestiones sobre “rearbitrar disputas políticas”. Y hemos dicho que nos alarman estas posturas de algunos magistrados porque indican que no acaban de entender lo que de verdad está ocurriendo en España, en manos de unos gobernantes que tienen decidido implantar un nuevo sistema de gobierno en consonancia con sus ideas políticas y no según lo que tenemos establecido en nuestra Carta Magna.

Lo peor de todo es que los que pretenden un nuevo cambio de régimen no piensan hacerlo siguiendo los trámites y las reglas establecidas para poder hacerlo legalmente, según los cauces establecidos al efecto por nuestras leyes, sino que utilizando trampas, medios torticeros, convirtiendo el Parlamento en un medio para ir colando leyes, muchas de ellas de marcado perfil anticonstitucional, como es el caso de la nueva ley de Enseñanza o la que se refiere a la legalización de la eutanasia, un coladero por el que se da paso a que personas ajenas al propio enfermo sean las que decidan sobre si debe seguir viviendo o, por el contrario, debe de ser condenado a morir si un facultativo así lo decide.

Cuando el señor ministro de Transportes, el señor Ábalos, tiene un encuentro con una ministra de Venezuela, señora Delcy Rodríguez, que tenía vetado por la UE el aterrizar en ningún aeropuerto de la CE lo hace y se entrevista con el propio Ábalos y descarga su equipaje en el aeropuerto de Barajas, en una clara y evidente transgresión y el TS se limita a decir que el aeropuerto de Barajas y su sala VIP no es territorio español, francamente, nos huele a chamusquina. Otra de las “cantadas” de nuestros magistrados ha sido dar por buena la pésima, culpable, improcedente, negligente y a todas luces impropia acción del Gobierno en la gestión de la pandemia del Covid 19; tanto en cuanto a las previsiones que debió tomar, como en cuanto a retrasar las medidas que debió poner en práctica para evitar grandes aglomeraciones que favorecieran la propagación del virus, como fue el caso de autorizar la manifestación feminista del 8 de marzo sabiendo que la OMS ya había anunciado la peligrosidad de la pandemia, cuyos efectos letales ya se manifestaban en Italia.

La negligencia de nuestros tribunales, el primero el TC que tiene congelada la resolución de recursos sobre materias tan importantes como es el caso del aborto (en sólo el 2019 se registraron oficialmente la ignominiosa cantidad de 99.149 bebés asesinados antes de nacer) una ley de José Luis Rodríguez Zapatero que fue recurrida por 50 diputados del PP el 1º de Junio del 2010 y, desde aquella fecha duerme el sueño de los desvalidos desde los archivos de dicho tribunal u, otro caso que clama a los cielos, una iniciativa presentado por 50 diputados del PP, el 16 de Octubre del 2009, contra la ley educativa catalana, una iniciativa que permanece en hibernación desde hace la friolera de más de 10 años, sin que, durante este tiempo los señores miembros del TC, en un tema de tanta enjundia y que tantas malas repercusiones ha tenido durante el lapso al que nos hemos referido, haya merecido que se le prestara la atención debida, en una muestra evidente de cómo este tribunal esquiva afrontar los temas que sabe que pueden crear conflictos si se resuelven, como es evidente que se debieran solucionar según dispone nuestra vigente Constitución.

Es obvio que, si no por partidismo (no creemos que esta sea la causa de dichos retrasos) pero sí por el miedo de enfrentarse a fuertes críticas, cualquiera que fuere la resolución que, en ambos aspectos, decidieran tomar los miembros del TC, ha dado lugar a una evidente desidia, un retardo innecesario y que, como sucede en el caso del aborto, en el interregno entre la formulación del recurso y la falta de una resolución sobre el tema por parte del alto tribunal es posible, según confirman las estadísticas, confirmadas por la reciente sobre los abortos producidos durante del 2019, que estemos hablando de una masacre de más de 820.000 inocentes criaturas sacrificadas por sus madres haciendo uso de una ley que evidentemente nunca debió de aprobarse. ¿Dormirán tranquilos, sus señorías, teniendo sobre sus conciencias una carnicería semejante?

Y es que, por mucho que se quejen estos señores cuya profesión es impartir justicia, enmendar errores y proteger el Estado de Derecho en España, no hay excusa alguna, ni por escasez de recursos, falta de personal o cualquiera otra causa que se pretendiera alegar, para justificar semejantes dislates; es evidente que existe una incuria en el comportamiento de estos señores que, si no estaban en condiciones de cumplir con su deber de defender la Constitución, actuar de tercer poder moderador del legislativo y el ejecutivo y, por encima de todo, garantizar la legalidad en todo momento en la que, cualquiera que fuere el que intentara saltársela, hubiera el peligro de que pudiera ser obviada por quienes tuvieran interés en sacar provecho de ello; debieran de haber renunciado a su cargo para dejar paso a personas con las agallas suficientes para poner por encima de cuestiones personales, partidistas o escrúpulos o temores que les impidieran según se les requería en defensa de la Justicia y de las leyes vigentes.

El señor Pascual Sala, presidente del TC entre los años 2011 y 2013, en una entrevista que se le hizo con motivo del 40 aniversario de la Ley Fundamental, hizo la siguiente declaración: “Una Justicia lenta no es justicia. Y más si es constitucional” ¡Córcholis, con el señor Sala, debió de haber puesto en práctica lo que había declarado porque, precisamente dentro de estos años en los que presidió la institución estaban durmiendo, en los archivos del tribunal, los dos recursos a los que nos hemos referido anteriormente sin que, al parecer, ni él ni los magistrados a sus órdenes se preocuparan ni poco ni mucho en activar el estudio y análisis de los recursos sobre los que debieran ya haber emitido una resolución.

Nadie puede dudar de que nos encontramos ante un circunstancia excepcional que requiere que se tomen medidas también excepcionales y, el poder que todavía se encuentra en condiciones de poner orden en este país es, sin duda alguna, el Poder Judicial, pese a que el Gobierno ya ha empezado a barrer en terrenos como es el de la abogacía del Estado y la fiscalía, ante la cual ha situado a una exministra, la señora Dolores Delgado, de reconocida falta de parcialidad, sectaria y fanática socialista, quien no ha tenido ningún escrúpulo en poner a los fiscales a sus órdenes de modo que allí no se hace más que lo que ordena la señora Fiscal General que, como se puede suponer, es lo que se le ordena desde el Gobierno del señor Sánchez. Por consiguiente cualquier resquicio, atisbo, fisura o resquebrajamiento en el seno de la judicatura o movimiento que suponga ponerse a las órdenes del ejecutivo, tendente a crear una división entre los miembros de la Administración de Justicia, puede tener un efecto deletéreo para España, su economía, su paz interna y su pervivencia como nación; algo de lo que serían responsables, si deciden establecer impedimentos para que ciertos temas, que evidentemente tienen repercusiones en el propio ser de la nación española, se decide apartarlos de la tutela judicial para convertirlos en meras cuestiones administrativas, en las que los actuales gobernantes tienen la potestad de poder decidir con facilidad el camino que se le debe dar a cualquier litigio para que se resuelva a favor de su conveniencia.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, vemos cómo, mientras los jueces parecen querer escurrir el bulto en el tema de separatismo catalán y vasco, el Gobierno, por medio del ministro señor Ávalos, está preparando el indulto de los separatistas catalanes condenados por delito de secesión y malversación de caudales públicos, haciendo afirmaciones tan peregrinas y carentes de sentido como la de que el Gobierno “tiene la obligación moral de aliviar las tensiones que puedan dañar la convivencia”.¡ Pues muy bien, señor ministro! ¿Quién le dice a Vd. que si se indulta a unos señores que no se han arrepentido, que han dicho que van a continuar luchando por la independencia y que siguen empecinados en que lo que hicieron, rebelándose contra el Estado, no constituye delito, va a aliviar las tensiones en Cataluña? ¿O es que, sin hacer caso de lo que digan los fiscales y los jueces del Supremo respeto a la improcedencia de los indultos, cuando por conveniencia exclusiva del Gobierno, que depende de los votos catalanes para seguir gobernando, se despreocupa de las opiniones de los especialistas para contentar a unos señores que ya han dicho que con indulto o sin él van a seguir luchando por conseguir su independencia de España, van a conseguir aliviar las tensiones en Cataluña o, por el contrario, se van a crear más por parte de todos aquellos que consideramos que el indulto es una traición a España y a sus instituciones democráticas? Séneca, el sabio romano, nos dejó esta reflexión: “No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas.”                                                     

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