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Opinión
Etiquetas:   Vivienda   Público   Gobierno de España  

Divagaciones sobre lo público, lo privado y la defensa del ciudadano

No estoy muy seguro de que se defienda por el gobierno el derecho de propiedad
Francisco Rodríguez
martes, 4 de agosto de 2020, 08:37 h (CET)

A menudo podemos encontrar grupos que se manifiestan en defensa de “lo público” pues al parecer cualquier actividad que pueda adjetivarse de pública goza de un plus de legitimidad, mientras que lo privado siempre es sospechoso de abuso, privilegio o enriquecimiento injusto.

En mi opinión el derecho a la propiedad privada es el que nos constituye como personas libres. Que cada cual pueda disponer de sus bienes, de su talento o de sus conocimientos para poder intercambiarlos con los demás es imprescindible para conseguir un aumento de la prosperidad, mientras que en aquellos países que limitan estos derechos y se ocupan por el poder, la ruina está servida, como puede comprobarse en muchos países hispanos y en los que estuvieron o están aun sometidos a las doctrinas comunistas.

Los gobernantes están obligados a gestionar “lo público” en beneficio de los ciudadanos y no en el de la clase gobernante. Me parece perfecto que el gobierno de la nación garantice el derecho a la educación pero nunca a utilizarlo como medida de adoctrinamiento.


También me parece perfecto que el gobierno garantice un sistema público de salud, pero ello no puede significar que los ciudadanos no puedan buscar otras formulas libres de asistencia sanitaria.

Hay muchos bienes que no son susceptibles de propiedad privada como puede ser el medio ambiente, las calles, las plazas o las carreteras y el gobierno tiene la obligación de velar por el buen uso de todo ello, dictando las normas adecuadas y sancionando su incumplimiento, pero no deja de resultar inapropiado que prohíba el paso por cualquier sitio porque un gobernante cualquiera lo imponga apoyado por las fuerzas del orden.

Me parece muy bien que todos tengan derecho a una vivienda, pero que yo sepa, el gobierno no regala viviendas a los ciudadanos, aunque podría regular el acceso a la propiedad en forma más ventajosa para quienes carezcan de medios, pero en ningún caso el gobierno puede aceptar que cualquiera pueda ocupar por la fuerza la vivienda de otro y menos utilizando medios que puedan tener una “aparente” cobertura legal que deriva el problema al poder judicial, cuyo funcionamiento resulta manifiestamente mejorable tanto en las leyes aplicables como en la duración del proceso.

Las instituciones de gobierno cumplen su misión si defienden los derechos de los ciudadanos y si hay alguna autoridad que no lo hace o incluso colabora en su vulneración, debe ser removida del cargo de inmediato.

Cada día nos ofrecen las desagradables escenas de ocupación de viviendas. ¿Hace algo el defensor del ciudadano, si es que sigue existiendo? Leemos que se le corta el fluido eléctrico a un jubilado si no paga, pero se arresta al propietario de la vivienda que hace lo mismo con el ocupa.

Todos los días se nos muestran en los medios de comunicación la situación de España respecto a los países de la Unión Europea en el PIB, en el número de contagiados, o los fallecidos por el COV19, ¿por qué no se nos muestra lo que otros gobiernos hacen respecto a garantizar el derecho de propiedad de las viviendas de sus ciudadanos frente a la extorsión de los ocupas? ¿Qué hacen los demás países respecto a los que buscan vivir del estado y no dar golpe?

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