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BRUSELAS, 8 (EUROPA PRESS)
Los ministros de Economía de la eurozona han constatado este lunes que el presupuesto de España para 2015 está "en riesgo" de incumplir el objetivo de déficit pactado con la UE (el 4,2% del PIB) y han pedido al Gobierno de Mariano Rajoy que adopte ajustes adicionales.
Según las previsiones de Bruselas, sin más medidas, el déficit español se quedará el año que viene cuatro décimas por encima de la meta, en el 4,6%. Las conclusiones del Eurogrupo respaldan el dictamen de la Comisión sobre el presupuesto de España para 2015 publicado a finales de noviembre.
"Estamos de acuerdo con la evolución de la Comisión según la cual el presupuesto (de España) corre el riesgo de no cumplir con los requisitos de las recomendaciones por déficit excesivo", señalan las conclusiones aprobadas por el Eurogrupo. "Sobre esta base, se necesitarán medidas eficaces que permitan una mejora del déficit nominal", prosigue la declaración.
El Eurogrupo reconoce que España puso en marcha el año pasado "una agenda de reformas ambiciosa y de amplio alcance para hacer frente a las debilidades de la economía". "Esperamos que continúe la determinada aplicación de reformas estructurales", concluye.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) reclamó este jueves a las Cortes Generales del Estado que impulsen una reforma de la Ley General de Subvenciones para que no se concedan ayudas a las empresas que no respetan la cuota mínima legal de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad, fijada en el 2%.
La Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., (CHJ) ha declarado la situación excepcional por sequía extraordinaria en toda la Demarcación debido a la ausencia continuada de precipitaciones en gran parte de la cuenca. Según los datos recopilados por el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), el presente año hidrológico 2023-2024 está siendo el más seco de los últimos 33 años.
El Gobierno está elaborando un real decreto para obligar a las empresas de más de 50 trabajadores a contar con protocolos para garantizar la igualdad de oportunidades de los trabajadores LGTBI y contra la discriminación y el acoso de los mismos, contemplando que, desde la aprobación del texto, el plazo para adoptar estas medidas sea de un año.
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