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El presidente Sánchez ha empezado a pagar la hipoteca de su investidura, pero incluso eso podría hacerse con más austeridad gestual y decoro institucional. Las imágenes de sus encuentros con Quim Torra, inhabilitado por desobediencia y en tiempo de descuento al frente de la Generalitat, no se corresponden con la dignidad del cargo que ostenta, por mucho que los encuentros y/o la Mesa de negociación por Cataluña se revistan con palabras como diálogo y reencuentro. Como Presidente del Gobierno de España, Sánchez no puede colocarse en plano de igualdad con el presidente amortizado de una Comunidad Autónoma, que además no abandona su actitud de rebeldía frente a la ley.
La libertad de expresión es un derecho fundamental que abarca las libertades de opinión, información y prensa, es esencial para ejercer otros derechos humanos y participar activamente en una sociedad libre y democrática, pero lo mismo en España que toda Europa, este derecho se enfrenta a desafíos y tensiones debido a la censura y a las restricciones.
Tras conocer por la prensa que un juzgado ha abierto diligencias de investigación por una denuncia contra su esposa, el presidente del Gobierno ha publicado una carta abierta dirigida a la ciudadanía en el antiguo Twitter, en la que afirma que: "Vive con impotencia el fango que se esparce sobre su mujer", y se pregunta si debe continuar o renunciar, motivo por el cual cancela su agenda, y se da de plazo hasta el próximo lunes, para meditar su futuro.
Pedro Sánchez habría dado por amortizada la actual legislatura y, con un golpe de efecto, anunciará presumiblemente el 29 de abril el adelanto de las Elecciones Generales para el próximo otoño, con la esperanza de renacer cual Ave Fénix y obtener unos resultados que le permitan conformar un Gobierno en solitario tras fagocitar los restos del naufragio de la efímera candidatura unitaria de izquierdas Sumar y con apoyos externos de los grupos nacionalistas periféricos.
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