El Pleno del Congreso tiene previsto aprobar este jueves, para su remisión al Senado, la Ley de Transparencia que acaba de cumplir un año la Cámara Baja. La norma fue aprobada el pasado 31 de julio en la Comisión Constitucional con los votos de PP, CiU y PNV, el 'no' de IU-ICV-CHA, UPyD, ERC y Amaiur y la abstención, por error, del PSOE. Durante esta jornada los socialistas harán efectiva su intención inicial de votar en contra, según han avanzado a Europa Press fuentes socialistas.

El primer partido de la oposición había anunciado su intención de votar en contra de la ley en comisión porque, por error, contaba con que habría una votación final sobre el conjunto del dictamen. Sin embargo, conforme al Reglamento de la Cámara, esa votación no se produjo, lo que llevó a los socialistas a asumir en público su equivocación y a pedir que constara en acta su intención de haber votado en contra.

Durante el trámite en comisión sólo se aprobaron 32 enmiendas: Una quincena del PSOE, que no implican cambios en el texto porque son muy similares a las presentadas por otros grupos que ya se habían incorporado en la fase de ponencia, seis de CiU, y once transaccionales pactadas entre PP, CiU y PNV.

Tramitación singular en ponencia
La tramitación en la ponencia fue singular, puesto que en la mayoría de las sesiones sólo participaron PP y UPyD. PSOE, Izquierda Plural y Amaiur se ausentaron alegando que no era coherente pactar una ley sobre transparencia con el PP mientras el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se negaba a dar explicaciones sobre el 'caso Bárcenas'.

Esta decisión llevó a CiU y PNV a no asistir tampoco a las dos primeras sesiones de la ponencia al considerar una ley de tanta importancia no podía negociarse adecuadamente en ausencia de tres grupos, entre ellos el primero de la oposición. Los nacionalistas sí participaron en parte de la tercera reunión de la ponencia y ya en la cuarta estuvieron a pleno rendimiento y, de hecho, pactaron con el PP parte del capítulo de buen gobierno, en el que estaban especialmente interesados.

Durante el trámite en ponencia se aceptaron varias enmiendas de los grupos, incluso de los que estaban ausentes. Por ejemplo, se acordó, como pedían CiU y PNV, dejar claro que la competencia para instruir y sancionar a un alto cargo de la administración local y autonómica debe ser de la correspondiente administración y en ningún caso a la Administración General del Estado o al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, como preveía inicialmente el Gobierno.

La incorporación de estas enmiendas y de otras relativas fundamentalmente al capítulo de buen gobierno durante la fase de ponencia, fue lo que llevó a CiU y PNV a apoyar la mayor parte del dictamen de la Comisión Constitucional.

Además, la futura Ley de Transparencia no contemplará finalmente la inhabilitación de los cargos electos que cometan infracciones muy graves en el materia de buen gobierno, como proponía el proyecto inicial, aunque sí mantendrá la posibilidad de destituir a los cargos políticos que incurran en determinadas infracciones.

Así las cosas, una vez que la ley entre en vigor se podrá destituir a los cargos políticos por la comisión de algunas de las infracciones tipificadas como graves o muy graves, pero no se les podrá inhabilitar para ocupar determinados cargos durante un periodo de entre 5 y 10 años como se planteaba en el proyecto del Gobierno.

Es decir, se podrá destituir, por ejemplo, a un concejal de ocupar la cartera de urbanismo, pero no se le podrá inhabilitar para volver a aspirar a un cargo de carácter electivo ni despojarle de él. Los cargos a los que se apliquen estas sanciones puedan recurrir por la vía contencioso-administrativa para evitar posibles caso de "discrecionalidad" en la aplicación de la ley.

Consejo de transparencia
También quedó incorporada la regulación del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que velará por el cumplimiento de la norma y estará adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Este consejo "personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar" y actuará "con autonomía y plena independencia en el cumplimiento de sus fines".

Estará compuesto por la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno de la que, a su ver formarán parte su presidente, un diputado, un senador y un representante del Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, la Agencia Española de Protección de Datos, la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

El presidente del Consejo y por ende también de la Comisión será nombrado por un período no renovable de cinco años mediante Real Decreto, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, "entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional".

Más del 50% de fondos públicos
Pero antes de ser nombrado deberá comparecer en el Congreso de los Diputados para que los grupos evalúen su idoneidad para el cargo. "El Congreso, a través de la Comisión competente, y por acuerdo adoptado por mayoría absoluta, deberá refrendar el nombramiento del candidato propuesto en el plazo de un mes natural desde la recepción de la correspondiente comunicación", reza la enmienda del PP.

Durante el trabajo en ponencia también se amplió el ámbito de aplicación de la ley, a la que estarán sometidos, entre otros la Casa del Rey, el Banco de España, los partidos, sindicatos y organizaciones empresariales y las mutuas laborales. También se vean afectadas por la norma las entidades privadas cuya financiación esté compuesta en un 50 por ciento por fondos públicos, como la Iglesia, así como todas aquellas que reciban más de 100.000 euros al año en ayudas o subvenciones.

Asimismo se aprobó que toda la información que se haga pública en aplicación de esta ley se ofrezca "preferiblemente en formatos reutilizables". La mayoría de los grupos de la oposición quería se utilizase el 'software libre' o código abierto, pero el Gobierno no atendió esta petición.

Limites desmesurados, posible arbitrariedad
La mayoría de la oposición también sigue considerando "desmesurados" los límites que se ponen al acceso a la información. Además de restringir el acceso a la información por suponer un perjuicio para la seguridad y la defensa nacional, la prevención de delitos o el secreto profesional, la norma también fija como límites "los intereses económicos o comerciales, la política económica y monetaria, la protección del medio ambiente o la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión".

También ha recibido críticas la negativa del Gobierno a crear un registro de grupos de influencia o 'lobbies' un asunto que el gobierno quiere regular únicamente en el ámbito parlamentario a través de la reforma del Reglamento de Congreso.

Otro de los puntos que más ampollas ha levantado es el relativo al silencio administrativo negativo. De hecho, todas las minorías han criticado que la administración concernida no esté obligada a contestar a un requerimiento de información y, al no hacerlo, el solicitante deba entender que su solicitud como rechazada.

Respecto al buen gobierno, CiU y PNV mantienen ciertas reservas. El PNV, por ejemplo, sigue defendiendo que se respete el régimen especial de los Territorios Históricos del País Vasco y que los compromisos que en materia de estabilidad presupuestaria se acuerden en el seno de la Comisión Mixta del Concierto Económico y no el Consejo de Política Fiscal y Financiera