Cuando en una herencia, el hacerse cargo de ella supone para el presunto beneficiario el deber de asumir más deudas que bienes o derechos, existe una modalidad conocida como “a beneficio de inventario”, un sistema legal que permite al futuro heredero, antes de proceder a su aceptación, condicionar este trámite a que los bienes que consiga haciéndose cargo de ella superen las deudas de las que debería hacerse cargo. Claro que, en el caso de renunciar a una herencia, siempre se debe hacer expresamente para que quede clara la voluntad del heredero de que no desea aceptar aquella herencia que, en virtud de dicha renuncia, podrá pasar a quienes tuvieren derecho a recibirla. Sin embargo, cuando se trata del gobierno de la nación, todo el mundo sabe que no es posible acudir a una solución parecida, que le libre de aceptar los problemas que comporta gobernar el país, para sólo hacerse cargo de aquellas partes de la gobernación que pudieran beneficiar políticamente al gobierno, al partido al que pertenece o al prestigio de los propios gobernantes.

Dentro de los ministros que han entrado en el gobierno elegido por el presidente, señor Pedro Sánchez, aparte de este ramillete de ministras cuyas actuaciones, al menos hasta esta fecha, nos hacen dudar de que, dentro del feminismo radical al que pertenecen, existan mujeres con capacidades demostradas para sumir el cargo de ministras, si se tiene en cuenta que, sus responsabilidades como tales, les exigirían prescindir de sus inclinaciones partidistas, de sus sectarismos y de sus posibles discrepancias con sus colegas de la oposición ( algo que, por lo visto, ninguna de ellas parece que esté dispuesta a hacer, hasta ahora), para gobernar para todos los ciudadanos, tratando por igual tanto a sus correligionarios de izquierdas como a sus adversarios conservadores; ya que todos forman parte de la ciudadanía de la nación y son españoles. Hay uno, en particular, el señor J.L.Ávalos ( maestro de enseñanza primaria) que se viene destacando por la función que, al parecer, le ha asignado su jefe de filas, señor P.Sánchez, que supone que, con independencia de sus deberes como ministro de Fomento, ha decidido o se le ha encomendado, constituirse en el encargado de criticar cualquier decisión, acción, omisión o denuncia que provenga de la oposición, con especial interés en desacreditar al nuevo dirigente del PP, señor Casado, y a cualquier manifestación u opinión que pudiera salir de la cúpula del renovado partido de los populares.

Es evidente que, las nuevas generaciones de políticos, se pueden dividir en dos grupos: el primero, constituido por todos aquellos que tienen una preparación universitaria de un cierto nivel, que en la vida privada y ejerciendo su profesión, disfrutan de un cierto prestigio y que, seguramente, si continuaran practicando su licenciatura en la vida privada se podrían ganar la vida más holgadamente que perteneciendo a la función política y a los que se les supone, salvo raras excepciones, que su adscripción a una determinada formación política se debe al deseo de colaborar activamente en un proyecto que se estima que tiene posibilidades de promocionar, mejorar y elevar el nivel de vida de todos los ciudadanos españoles lo que, a la vez implica, llevar adelante al país, mejorar su economía, procurar trabajo y potenciar la industria y las relaciones exteriores, desarrollando un proyecto que, a medio o largo plazo suponga alcanzar para la población del Estado una mejora de su estatus como ciudadanos, la garantía de una vida en paz y la elevación del nivel cultural de la nación entera. El otro grupo, es el de todos aquellos que ingresan en política con un solo fin: ganarse la vida y mejorar su estatus, consiguiendo ganar un dinero que, en sus trabajos en la vida civil, nunca en la vida conseguirían alcanzar. El sistema consiste en ingresar como mero miembro de base e ir trepando por el organigrama de la formación, utilizando todos los recursos que les son inherentes a aquellos que, a falta de otras cualidades, saben cómo humillarse, enjabonar, hacer la pelota, convertirse en felpudo del jefe y actuar como “corre, ve y dile” de sus superiores, a los que convertirán en sus confidentes, dándoles noticias sobre aquellos que aspiran a sustituirles en el cargo para que estén prevenidos, unos servicios que, a la larga, son compensados debidamente con algún cargo más importante. Los socialistas saben mucho de ello y un buen profesor en la materia lo tenemos en el magnífico e interesante currículum del señor Montilla que, de empleado del Ayuntamiento de Cornellá, sin estudios reconocidos, con la pretensión de ser uno de estos “self made man” que, trepando y trepando, consiguió encabezar el triunvirato que dirigió Cataluña durante un tiempo, con la particularidad de que su gestión no pudo ir peor de lo que fue (mejor olvidarlo). Un señor que, pese a sus limitaciones intelectuales llegó, por el mismo procedimiento de escalada, a ocupar el cargo de ministro de Industria, sin que nadie haya conseguido averiguar cómo, un sujeto como él, fue capaz de escalar a tanta altura. Claro que existe aquel dicho que dice “cuánto más alto subas, más dura será la caída”.

Pues bien, el señor J.L Ávalos, flamante ministro de Fomento, uno de estos expertos en las “escaladas”, fue el primero que tuvo que enfrentarse con el problema del enfrentamiento entre el gremio del taxi y las empresas de alquiler coches VTC (Uber y Cabify). Esto fue al principio de su entrada en el gobierno del señor Sánchez, hará unos seis meses. Los taxistas de Madrid y Barcelona se declararon en huelga argumentando que los VTC les hacían competencia desleal, que pagaban menos impuestos y que no necesitaban comprar licencia como les ocurría a ellos. Los de las VTC argumentaron el libre comercio, la competencia y renegaron del monopolio del servicio público concedido a los taxistas. Intentó solucionar el problema pero acabó por hacer algo que, estos señores expertos en escaladas (y no de montañas), saben hacer perfectamente: escurrir el bulto para que nadie les pueda pedir cuentas de una decisión errónea. Decidió que fueran, en casos similares, las autoridades autonómicas las que se hicieran cargo de decidir sobre las medidas legales por las que se debieran regir, en adelante, las relaciones entre ambos sectores. Ahora, vayan ustedes a saber por qué ha sido en este momento ha surgido el tema otra vez y, al parecer, en esta ocasión con mayor virulencia, con actos de vandalismo (se habla de 80 coches de los VTC dañados gravemente) y de enfrentamientos entre ambos colectivos.

Como esto de escurrir el bulto no es privativo de nadie, ahora es la señora Colau la que quiere pasarle la patata caliente a los de la Generalitat, aduciendo que ella no tiene facultades para decidir algo que puede afectar a toda España y que, en todo caso, sería la propia Generalitat la que tuviera que legislar al respecto. Nada nuevo bajo el Sol, porque en esto de sacarse las pulgas de encima, los españoles somos unos verdaderos expertos. Pero, como suele suceder, parece que la importancia del caso, la crispación que se está produciendo (qué curioso, los que hablan de que son el PP, Ciudadanos o FOX los que producen la crispación de los españoles; son los que, realmente se encuentran ante un caso de crispación, en el que la derecha o el centro derecha no tienen culpa alguna respecto a lo que está sucediendo.

Bien, visto lo visto, nos encontramos ante uno de los casos en el que el gobierno socialista debiera “mojarse” por ser un problema de dimensión nacional, que sigue yendo a más, que está perjudicando a la imagen de España en el extranjero, que afecta al Fitur de Madrid, precisamente en los días en los que tiene que permanecer abierto y los perjuicios que viene causando a los comerciantes ya se valoran en millones, debido al cierre de calles y a la ocupación de las misma por los vehículos allí concentrados, una situación que les viene impidiendo factura durante los días que dura esta situación. Y aquí, señores socialistas, y no insultando a sus adversarios o amenazando al nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, es donde los ciudadanos españoles los queremos ver actuar y encontrar una solución adecuada para que, de una vez para siempre, este tema no vuelva a repetirse.

Pero, en la cocina del PSOE se están cociendo, aparte de una serie de aumento de impuestos y posible creación de otros nuevos, juntamente con nuevas tasas, con los que pretenden compensar los aumentos del gasto público que han presupuestado en los PGE, todavía pendientes de aprobación ( y cada vez con más dificultades para poder aprobarlos ya que, las posibilidades de que el partido Podemos siga con su intención de aprobarlos no parece, a raíz de los nuevos acontecimientos que afectan a su línea de flotación, nadie puede afirmar si van a mantener el apoyo prometido o si, como parece, le van a exigir al PSOE que modifique algunas partidas en las que tienen especial interés).

Lo que sucede es que no pueden escaparse de aquellas promesas que tuvieron que hacer para conseguir el apoyo de todos los partidos de la oposición, con el fin de lograr la unidad de las izquierdas que les permitió descabalgar al señor Rajoy de la poltrona de la presidencia del Gobierno. Una de las peticiones en las que mayor insistencia pusieron los de Podemos y la alcaldesa de Barcelona la señora Colau, que se ve ante unas elecciones municipales para mayo, en las que no tiene garantizada su reelección y que necesita darle carnaza a su clientela para animarla a que se olviden de sus continuos errores y las consecuencias de medidas tomadas unilateralmente, aun sabiendo que muchas de ellas excedían de sus facultades y, en consecuencia, no eran legales. Como era de esperar, aquellos que se han sentido perjudicados por su forma errática de actuar, han recurrido a los tribunales y, uno a uno, le están ganado al municipio los pleitos que se presentaron ante los tribunales de Justicia. Ahora, lo que intentan hacer es ponerle puertas al campo o lo que tiene la pinta de ser lo mismo: se quieren saltar la libertad de los propietarios de fincas que no sean de promoción social, intentando poner un límite a los alquileres que cada propietario, de acuerdo con la ley de la oferta y la demanda, estimase más favorable a sus intereses y establecer una especie de baremo, vayan ustedes a saber con qué criterios intentan confeccionarlos, para que exista un tope, según los barrios en los que estén ubicadas las viviendas, del que no se pueda exceder. Un tema que, seguramente, va a ser objeto del rechazo de los propietarios que, una vez más y partiendo de un gobierno socialista, van a ser perturbados en sus derechos de propiedad sobre los inmuebles, hasta ahora únicamente sometidos a la Ley que autoriza las expropiaciones por causas sociales; viviendas que se van a ver, una vez más, coaccionados, vigilados y expuestos a denuncias de sus presuntos inquilinos, en un régimen de intervención que, para nada, se puede compaginar con la libertad de comercio y los derechos del propietario sobre los frutos o rentas de sus propiedades. Seguramente, la última palabra dependerá de la resolución del TC. Un tema nuevo del que, los ciudadanos, tendremos que preocuparnos. Relata refero.