Lo malo de lo que se está extendiendo por nuestra nación, no es solamente que hayan entrado en liza una serie de partidos políticos empeñados en acabar con el bienestar de los españoles por la vía de las imposiciones, que también, sino que se ha instalado en las instituciones del país, en quienes de alguna forma tienen poder sobre el resto de ciudadanos, por estar dotados de medios coercitivos, impositivos, penalizantes y disuasorios, cuyas facultades pueden o permiten que, en determinados momentos o situaciones, cuando las personas a las que se ha dotado de tales poderes los ejercen influidos por sus demonios personales y no por la equidad, la moral y la Justicia, que son facultades que deben acompañar, siempre y en cada momento, los actos justicieros de quienes tienen sobre los demás el poder de decidir respecto a sus acciones u omisiones.

Cuando hablamos de una jueza, la señora María Isabel Rodríguez, instructora de un caso en el que está imputado el antiguo miembro del PP, don Eduardo Zaplana, y vemos cuál es su conducta con respecto a este señor, que sigue estando, en la condición de preso preventivo, internado en una prisión del Estado, en una situación de enfermo cuasi terminal debido a su dolencia grave que, según los informes de los médicos que se ocupan de él, requiere de continuos cuidados y de la colaboración de médicos, especialistas y tratamientos adecuados que pueden afectar, de un modo determinante, en sus esperanzas de vida; empezamos a poner en duda que, en algunos casos, los encargados de impartir justicia no estén al nivel de sobriedad intelectual que sería exigible para que se les permitiera seguir ejerciendo su carrera.

El empecinamiento, la intransigencia, la intolerancia y las formas, evidentemente impropias de quién, amén de aplicar la Ley con todas sus consecuencias, ha de saber que hay momentos en el ejercicio de su profesión que exigen que, en nombre de esta propia Justicia, tengan la suficiente sensibilidad para saber distinguir entre sus deberes como funcionario judicial y la, siempre exigible, facultad de saber ejercer la Justicia sin que ello signifique el ejercer tal deber retorciendo el sentido de la norma, para impedir que el sentimiento humanitario pueda permitir que, en un caso tan claro como éste, la obcecación, el fanatismo idealista y el afán de venganza, se sigan imponiendo a lo que debería ser la práctica de un sentimiento caritativo hacia una persona que se encuentra en un estado avanzado de su dolencia y que, es evidente, que precisa de cuidados especiales que los servicios médicos de una prisión no se encuentran en condición de procurarlos, lo que no es óbice para que se tomen las medidas de seguridad que fueran precisas.

Notamos a faltar, en este escandaloso comportamiento de esta jueza, la intervención del Consejo del Poder Judicial que ya hace tiempo que debiera de haber tomado medidas para corregir, si es que no sancionar y sacar de la instrucción del caso, por manifiesta hostilidad de la jueza, en contra del investigado y por presuntos prejuicios políticos que, si existieran, serían motivo suficiente para que se incapacitara a dicha señora para seguir la instrucción del caso, cuando es evidente que sus actuaciones no están presididas por la buena fe, la imparcialidad y la ética que se requieren para la importante labor que se le asignó respecto a poder actuar con justicia cuando está en juego el honor, la verdad y la honra de una persona, fueren cuales fueren sus antecedentes políticos. Nos cuesta entender que, una situación tan notoria, tan pública y tan lamentable, no haya movido a los miembros del CPJ a tomar medidas en este asunto, a no ser que los brazos largos del Gobierno hayan ejercido de freno para que, un caso de una evidencia tan notable, no haya conmovido y removido la conciencia de los miembros del organismo que, precisamente, tiene la función de velar para que los jueces cumplan, como es debido, las funciones de juzgar a los presuntos delincuentes sin que ello signifique un ensañamiento con el imputado que trasgreda, sobrepase y ponga en peligro el derecho de todo detenido a ser tratado humanamente, tal y como establece la Ley, sin que, en todo el proceso judicial que se siga pueda, ninguno de los jueces o magistrados que intervienen en él, hacer prevalecer sus antipatías personales, rencores o prejuicios contra la persona a la que tienen la obligación de juzgar.

Como era de esperar la prensa, mayoritariamente de izquierdas o separatista, según de la región española a la que nos refiramos, permanece muda ante una situación tan aberrante como es aquella a la que está sometido el señor Eduardo Zaplana. Resulta chocante que, cuando a una persona, sean cuales sean los cargos que existan en su contra, es maltratada de una manera tan evidente, se la esté humillando y negando lo que, a cualquier otro preso menos conocido se le habría otorgado sin ninguna dificultad; no haya ningún periodista o reportero que haya tenido la valentía, la decencia o el sentido del deber profesional, que le haya motivado a escribir sobre un hecho que tiene los visos de tratarse de una venganza personal por parte de alguien que, más que buscar aplicar la ley lo que parece que intenta es acabar como sea con un presunto delincuente antes, incluso, de que fuere juzgado por el tribunal al que se le asigne la resolución del caso. ¿Y, el supuesto Estado de Derecho que es el que fija los derechos de todos los españoles, incluso el de tener un juicio rápido, justo e imparcial, dónde lo tenemos?, porque nos cuesta encontrarlo en este caso tan especial de este imputado, de nombre Eduardo Zaplana?

Prohibir al arzobispo Antonio Cañizares y al capellán del hospital visitar al internado señor Zaplana el día de nochebuena no sólo es un acto ruin, desconsiderado y absurdo, sino que también es privarle a una persona de su derecho a recibir el auxilio de su religión y el consuelo de ser asistido por los ministros de la Iglesia, sino que es también una arbitrariedad y una crueldad innecesaria. No tener en cuenta el diagnóstico de varios médicos, que fue calificado por un diputado del PP como “capaz de estremecer a cualquier persona” (a lo que podríamos añadir: “de buen corazón y de sentimientos caritativos hacia el prójimo”) y empeñarse en “mantenella” ni no “enmendalla”, como ocurrió con la negativa de la jueza Rodríguez, nos hace pensar que es muy posible que esta señora no esté en condiciones de seguir juzgando, no sea capaz de distinguir entre lo que es justicia y caridad o no pueda tener en sus manos el destino de una persona a la que, con su manera de entender la Justicia, podría enviar a la prisión solamente porque, a su especial modo de entender la justicia, le pareciera que aquella persona debiera pagar sólo por las ideas políticas que tuviere.

Nos preocupa, señores, el rumbo que se le está dando a esta España que parece que, últimamente, ha caído en manos de quienes se ocupan más de sus propios intereses que del bien del pueblo español; nos preocupa que la Justicia y los encargados de aplicarla, como tercer poder de un Estado de derecho, pueda tener entre sus miembros agrupaciones que se caracterizan por sus ideas políticas; nos preocupa que existan jueces y fiscales que se dejen arrastrar por sus particulares maneras de entender la política, en lugar de preocuparse por que la Justicia se aplique con ecuanimidad, imparcialidad y conforme a las leyes vigentes en el país y, nos preocupa que tengamos un Gobierno que pretenda controlar, bajo lo que podría entenderse como un sentimiento totalitario, todos los aspectos referentes a la vida, los sentimientos, las libertades individuales y los derechos democráticos de los españoles, más interesado por mantenerse en el poder, que en evitar que una parte de España, Cataluña, siga empeñada en pedir su independencia animada por el convencimiento de los separatistas de que tienen medios de lograrlo, mientras en España siga mandando el señor Pedro Sánchez del PSOE.

El mismo comportamiento de los comunistas bolivarianos de Podemos, sus pataleos en la sede del Parlamento andaluz, su reacción infantil cuando se dieron cuenta de que habían fracaso en las votaciones andaluzas, su rabieta cuando VOX consiguió 12 escaños y entró por primera vez en el juego político de la comunidad andaluza y la reacción del señor P.Sánchez con amenazas veladas a la derecha o la actitud revanchista, mostrando su despecho por la derrota sufrida, de la señora Susana Diaz, nos dan idea de la magnitud del descalabro de la izquierda en una de las autonomías, la andaluza, en la que la izquierda históricamente siempre había conseguido gobernar. No saben perder, no entraba en sus cálculos que sus adversarios del centro-derecha pudieran sacarlos de sus poltronas y, cuando se han dado cuenta de que se ha dado el vuelco en Andalucía, los palos del sombrajo se les han caído encima. Pero la democracia es así y puede, y así lo desearíamos de todo corazón, que los españoles, tal y como han hecho en la comunidad andaluza, reflexionaran en el resto de España ante la necesidad de reaccionar ante todos aquellos que siguen intentando acabar con nuestra España para convertirla, una vez más, en lo que fue el mayor fracaso de la historia española, la II República de tan infausto recuerdo.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, nos vemos ante lo que se podría definir como una situación kafquiana, un evidente ejemplo de cómo, en todas las instancias de las instituciones del Estado, se han ido infiltrando verdaderos topos, profesionales de la justicia o miembros de las policías autonómicas dispuestos a formar parte de esta V columna de lo que podría ser la antesala de un nuevo Frente Popular, dispuestos a todo, incluso a prevaricar e insubordinarse, con tal de conseguir sus objetivos de acabar con la España que conocemos, que queremos conservar y que fue la que nos llevó a los mejores momentos de nuestra reciente historia, para llevarnos hacia aquella zona oscura del enfrentamiento, la opresión, la destrucción de lo conseguido y al totalitarismo comunista, de tan aciagos recuerdos.