En marzo de 2017, el Defensor del Pueblo emitió: “Estudio sobre Participaciones Preferentes”.

La institución del Defensor del Pueblo, en varias ocasiones, ha advertido de la confusión que tales productos podían producir entre ahorradores no suficientemente informados acerca de lo que estaban adquiriendo, y de los problemas a que podrían dar origen. Así, en 2012, el Defensor realizó recomendaciones detalladas al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y al Ministerio de Economía y Competitividad sobre este tipo de inversiones y de sus altos riesgos.

Poco caso hicieron los organismos, aludidos, en junio de 2014, Elvira Rodríguez, presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), afirmó, en el seminario “La Europa que deja la crisis”, organizado por la Universidad Menéndez Pelayo, que la venta de preferentes fue un “caso desgraciado”, puesto que concurrieron “todas las circunstancias posibles para que fuera un fiasco para muchos inversores”.

Pese a ello, la señora afirmó que no habría prohibido la venta si hubiera tenido competencia para hacerlo.

Julio Segura, presidente del organismo en 2012, abrió expediente a 11 de las 19 entidades que vendieron preferentes a minoristas. El argumento:

malas prácticas en la comercialización de preferentes (no se hicieron bien los test que debían determinar si los conocimientos financieros del cliente se adaptaban a las características de este producto), aunque también hay algunos fundamentados en errores en los cases de las operaciones (se hacían operaciones de compra/venta al valor nominal del activo y no a su precio de mercado)

La iniciación del caso en la Audiencia Nacional es interesante, por el hecho de que, entre las víctimas, se encontraba un empresario, Ruiz de Villa: “Caso Bankia. El juez imputa por estafa a Blesa en el caso de las preferentes”.

Ruiz de Villa recoge en la querella declaraciones del ministro de Economía, Luis de Guindos, del comisario europeo Joaquín Almunia e incluso del propio presidente Mariano Rajoy, donde reconocen la “incorrecta” actuación “de los bancos y cajas” y “el engaño” cometido. Ahora llega la hora de los jueces en el caso más sangrante de la crisis financiera.

Ya llegó la hora de los jueces y estos consideran que no se documenta que estos productos hubieran sido concebidos para “engañar a los inversores de forma global” o “que los comerciales “recibieran instrucciones para comercializar el producto entre los inversores más inadecuados”.