Realmente, es esencial vivir de la mejor forma posible. Esto incluye también unas buenas condiciones sociales, algo que se sustancia, por ejemplo, en la disponibilidad de agua para todos los ciudadanos sin restricciones. O lo que es lo mismo: el Gobierno de un país como España debe garantizar el acceso al agua, que es un bien indispensable en relación con la salud de las personas y también si se piensa en la agricultura y la ganadería. Es así de simple, rotundo y claro.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha colocado bajo examen a las emisiones de gas metano (CH4) asociadas a la ganadería de rumiantes, y también del arroz, debido a su participación en la crisis climática al contribuir al calentamiento de la atmósfera. Así se ha puesto de manifiesto en el marco de la celebración de la Conferencia Mundial sobre Transformación Ganadera Sostenible.

Si eres un agricultor o ganadero, sabes que el éxito de tu actividad depende en gran medida de la calidad de los productos que utilizas. Para garantizar la salud y el crecimiento de tus cultivos y animales, es fundamental contar con productos de calidad y recurrir a especialistas en la materia para adquirirlos.

“Las granjas donde se practica un tipo de ganadería, sea intensiva o extensiva, presentan diferentes impactos sobre el medio ambiente. Dependen de una serie de factores, como el tipo de ganado o el consumo de agua. Lo importante es estar informados y saber manejar nuestras actividades ganaderas”, expone el especialista en ganadería y exportación alimentaria, Ángel Arcéiz.

Buena parte de los estudiosos sobre el fenómeno de la emigración extremeña coincidimos en señalar que la diáspora constituye el mayor drama histórico-social de nuestra región. Una emigración, arrancada y extraída fundamentalmente a partir de los años sesenta, que se fue llevando por delante una riada, de unos seiscientos mil paisanos, ante la desatención al mundo agrícola y ganadero, principal fuente de vida en los pueblos extremeños.

Desde el FMI, la Comisión Europea, el Banco de España y la gran patronal se pide que los salarios suban por debajo del IPC que terminó el año en el 6,5%, provocando una nueva pérdida de poder adquisitivo que se extiende al conjunto de las clases populares. El oligopolio eléctrico mantiene el atraco impuesto con la brutal subida de la luz. Y desde Europa llegan avisos de subida de los intereses que España tendrá que pagar para devolver la deuda contraída por la pandemia.