Nunca he tenido dudas de que la actividad política debe ser enfocada para la solución de los problemas de la sociedad. Ha llegado un momento en que se confunden los objetivos y las perspectivas: prima lo ideológico, el insulto, el desprecio y la humillación fácil al contrincante, que no enemigo. Empiezan a no servir de nada los ideológicos y estériles debates, más orientados al marketing electoral que a hacer más fácil la vida de la ciudadanía.

Gran parte de la sociedad asocia el sistema público con la rigidez burocrática, un vínculo que en la mayoría de los casos se ajusta a la realidad, frenando una necesaria transformación que se ha intensificado durante la pandemia y los periodos de confinamiento. En este aspecto lleva tiempo trabajando el Foro de Administraciones Públicas del Club Excelencia en Gestión, asociación multisectorial sin ánimo de lucro que genera y comparte conocimiento sobre gestión y transformación de las organizaciones.

Una de las funciones otorgadas al presidente del Gobierno de España por la Ley 50/1997 es la creación, modificación y supresión de departamentos ministeriales y secretarías de estado por Real Decreto. A esta capacidad hay que sumarle su autoridad para aprobar la estructura orgánica de la presidencia del Gobierno.

La relación entre el protocolo y el derecho premial tiene su justificación, en primer lugar, en que ambos tienen base jurídica y, en segundo, en que ambos surgen para dar honor y distinción.