La decisión de la jueza Carmen Lamela de decretar prisión incondicional para el ex vicepresidente de la Generalitat y varios ex consejeros ha levantado una cadena de reacciones desaforadas que buscan alimentar el victimismo secesionista e incendiar la calle en Cataluña. Quien atribuye esta decisión judicial a la larga mano del gobierno de Rajoy demuestra una ignorancia supina sobre lo que significa la división de poderes, base del Estado de Derecho, o manifiesta simple mala fe.

En el catálogo de las barbaridades oídas en estas horas ocupan un lugar destacado las declaraciones continuadas de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, exponente de la alianza entre populismo y secesionismo, que aspira a hacerse con los restos del naufragio del “Procés”.

Colau llama a la insumisión permanente e insiste en que Pugidemont es el presidente legítimo de la Generalitat, con lo que se sitúa fuera de la ley. Según la alcaldesa de Barcelona, la decisión de la jueza Lamela sería una respuesta autoritaria y vengativa del Estado para humillar a las instituciones de Cataluña, y los encarcelados serían presos políticos.