Hoy vamos a recurrir al insigne escritor satírico español don Francisco de Quevedo y Villegas (1.580–1.645), especialmente conocido por su obra poética. Como anécdota reseñaremos que cuando Luis de Góngora lo criticó porque don Francisco, en sus poemas, lo parodiaba, el madrileño le contestó, aludiendo a su mala situación económica, con los siguientes versos: “Musa que sopla y no inspira/ y sabe que es lo traidor/ poner los dedos mejor/ en mi bolsa que en su lira/ no es de Apolo, que es mentira”. Después de tomarme esta licencia como frontispicio del comentario, sí voy a hacer alusión a unas frases de don Francisco, sacadas de su obra Política de Dios y gobierno de Cristo que dicen así: “Porque poner los tributos para que los paguen los vasallos y los embolsen los que los cobran o gastarlos en cosas para que no se pidieron, más tiene de engaño que de cobranza, y de invención que de imposición”.

En estos momentos de gran despiste nacional, en los que cada autonomía hace de mangas capirotes para intentar sacar dinero, aunque fuere de debajo de las piedras, decidiendo poner al ciudadano entre los dos rodillos de escurrir el trapo de la limpieza, para exprimirle hasta el último centavo de sus escuálidas faltriqueras; observamos que, quienes nos gobiernan, no sólo nos exigen sacrificios, nos amargan la vida con impuestos y nos privan de aquellos beneficios que nunca soñamos que podríamos perder, sino que, señores: ¡ nos están robando! Si, señores, tal como lo digo se están saltando a la torera un hecho que a nadie le ha pasado desapercibido, desde que la crisis inmobiliaria hizo saltar la gran burbuja de la especulación y tiró por tierra los precios de los inmuebles que, desde principios del año 2008 hasta estos días, no ha habido mes que no descendieran en un importante tanto por ciento. Sin temor a equivocarnos podríamos afirmar que, el valor de edificios, vivienda, locales de negocios o segundas viviendas han experimentado una caída vertical de un 50%, con la particularidad de que el mercado está colapsado y el que tenga intención, por necesidad o por lo que fuere, de vender uno de estos inmuebles se va a encontrar que, ni aún por la mitad de su precio, encuentra comprador.

La construcción de edificios ha quedado prácticamente paralizada y se habla de un stok de cientos de miles de inmuebles que siguen sin venderse ni alquilarse, en manos de quienes los construyeron. Si solicitaron créditos o gestionaron hipotecas sobre ellos, ahora se hallan ante la disyuntiva de venderlos a bajo precio, aún perdiendo, o verse obligados a arruinarse pagando intereses y deudas. Los impagados de las entidades bancarias, que fluctúan del 8% al 9%, son la demostración palpable de esta circunstancia. Se ha producido un perverso efecto que, como no, ha repercutido directamente en las arcas de los ayuntamientos, que se han visto privados de sus mayores fuentes de ingresos que procedía, en su mayor parte, de las nuevas construcciones. La primera reacción de los municipios ha sido intentar compensar su falta de ingresos aumentando el IBI y las tasas, con lo que lo que, el resultado final, ha sido que, como siempre, el que ha acabado pagando los platos rotos es el sufrido ciudadanos de a pie, usuario o propietario del inmueble en cuestión.

Sin embargo, como muy bien apunta en su artículo, el señor Guillermo Peris del digital SigloXXI, parece que, tanto al Estado, como a los gobiernos municipales se les ha pasado por alto un factor determinante, algo que debiera de haberse tomado en cuenta hace años; puesto que llevamos más de 5 años de crisis y, por tanto, no se trata de un evento transitorio, ni tenga una importancia relativa o afecte poco a los inquilinos o propietarios, sino que, por el contrario, tiene una gran influencia determinante y más, en la situación actual de España, en que las economías familiares están muy diezmadas por los s que vienen aplicando, tanto por el Gobierno Central como por los gobiernos autonómicos. Resulta que la gerencias del Catastro, en base a parámetros técnicos y estadísticos (por lo visto sin en menor atisbo de relación con la depresión que ha experimentado España), parece ignorar la evolución que ha sufrido nuestra nación en el sector inmobiliario y siguen actuando como si todavía el país estuviera viviendo la época floreciente de los años anteriores a la burbuja inmobiliaria. En su última revisión del Catastro han elevado al alza un 10% del valor catastral, a la vez que, los municipios, han subido las tasas que gravitan sobre los vecinos y empresarios.

Como se comenta, acertadamente, en el artículo al que hemos hecho referencia, el valor catastral sirve de modelo para la aplicación de otros tributos e impuestos como el ITP, el que se aplica sobre el incremento del valor de los terrenos urbanos (Plusvalía que se paga en las trasmisiones) o tasas locales como basuras, alcantarillado, vados etc... En fin, que el aumento de la valoración catastral lleva implícito una serie de otros aumentos que, sin duda, afectan de una manera importante a los propietarios de inmuebles. Sin embargo, hete aquí que, contrariamente a estas optimistas y desacertadas nuevas valoraciones del catastro, si se hubieran atenido a la realidad, si la hubieran hecho sobre los nuevos valores como, por cierto, se les ha obligado a aceptar a bancos y cajas; que han tenido que provisionar capitales para compensar las minusvalías de sus activos inmobiliarios que, hoy en día, no se ajustan a sus valoraciones del año 2007.

Resulta inadmisible, una actuación fraudulenta y confiscatoria, el proceder a revalorar un catastro, cuando la realidad y los precios de venta derivados de los 5 años de depresión, nada tienen que ver con los que se utilizaron como base en anteriores ocasiones. Si un impuesto se aplica sobre una base inferior, si el bien sobre el que cae el gravamen disminuye de valor, la lógica más aplastante recomendaría rebajar la base catastral y el impuesto en la cifra devaluada, en lugar de hacer caso omiso de la realidad y del valor de mercado, para seguir incrementándolo, argumentando que los ayuntamientos precisan de más recursos para financiarse. El ciudadano ya está acosado por impuestos, desde el IRPF (aumentado a primeros de año), el IVA ( una vez más elevado), los incrementos de las tarifas eléctricas ( a causa de cantidades que el Estado les debe a las Eléctricas por el fomento de las energías alternativas) las tarifas del Agua, el transporte, la gasolina etc.etc; para que, por añadidura, tenga que convertirse en el mecenas de los ayuntamientos que, cuando el boom de la construcción, despilfarraron sus ingresos en obras inútiles (para garantizarse la reelección y sus desproporcionados sueldos) y ahora, cuando la crisis aprieta, ni se bajan los sueldos, ni disminuye el número de ediles ni recortan el personal ni se ponen de acuerdo con otros municipios para coordinar los servicios (para reducir su coste) ni renuncian a los gastos superfluos y prescindibles, por miedo a ganarse la animadversión de sus votantes.

Ya es hora de que el Estado y las CC.AA pongan fin a mantener a más de 70.000 cargos públicos, con sueldazos desproporcionados y sin otra cosa que hacer que perder el tiempo en reuniones en las que nada se arregla y en las que mucho se enreda. Es precisa la agrupación de pequeños ayuntamientos, la fiscalización y vigilancia del cumplimiento de los presupuestos y del destino de los fondos recaudados, así como la supresión de todos aquellos gastos de personal (nepotismo) injustificados; despidiendo al personal sobrante. No se pueden exigir a los ciudadanos sacrificios, aplicando normas en fraude de ley. O esta es, señores, mi manera de ver esta injusticia.