Grata sorpresa la iniciativa del Ministerio de Hacienda de Grecia con la publicación de la llamada “lista de la vergüenza”. Más de 4.000 nombres de evasores fiscales que le deben dinero al Estado en impuestos y multas al descubierto. Algo así se podría hacer en España, poner en evidencia a quienes incurren en delitos fiscales haciendo pública su identidad y las cantidades multimillonarias que adeudan muchos de ellos.
Montoro anunciaba una reforma fiscal, para favorecer a emprendedores, que es muy necesaria. Ese es el deber del Estado, dotar de las condiciones adecuadas para que la economía se relance. Sin embargo, no se termina de resolver el problema estructural del sistema tributario. Tampoco se escucha nada respecto a la eliminación del fraude que evite la fuga de capitales. La administración tributaria tiene complicada la persecución de estos delitos. Por eso, no me explico cómo no se echa toda la carne en lograr atajar una práctica tan antigua como la evasión de capitales. Igual de importante es favorecer fiscalmente a pymes y autónomos, como una reforma de la estructura del sistema tributario y el rediseño de la organización financiera internacional que, con eficacia, permita el intercambio automático de información relevante entre los países, eliminando las ventajas del evasor que corre al paraíso fiscal.
Nuestros dirigentes tienen que imponer una férrea disciplina fiscal. De Bruselas debe salir hoy un Tratado Intergubernamental y un gran pacto fiscal. Sobre la mesa debería estar el problema de la fuga de capitales, más cuando la reducción del déficit es una de las claves de las que depende la estabilidad financiera. Combatir el fraude fiscal es el gran aliado de los Estados para aumentar sus ingresos, aportar liquidez y reducir el déficit público.