La Comisión Europea ha aprobado este domingo las medidas adoptadas por el Gobierno italiano para liquidar los bancos Popolare di Vicenza (BPVI) y Veneto Banca en virtud de la ley nacional de insolvencia del país transalpino por un montante inicial de 5.000 millones de euros que podría extenderse a los 17.000 una vez finalizadas las operaciones.

En virtud de esta liquidación, los activos no tóxicos de ambas entidades bancarias serán transferidas al Intesa Sanpaolo, el principal banco minorista italiano, que recibirá 5.200 millones de euros a cambio.

No obstante, el ministro de Economía, Pier Carlo Padoan, dijo que los fondos totales "movilizados" por el Estado alcanzarán los 17.000 millones de euros, tres veces más de lo inicialmente estimado para recapitalizar los bancos con dinero público.

Así, además de los 5.200 millones de euros que pagará el Estado a Intesa -- incluyendo 1.200 millones de euros para cubrir recortes de empleo --, también se ofrecerán garantías adicionales por hasta 12.000 millones de euros para financiar posibles pérdidas de los préstamos problemáticos de ambos bancos.

El acuerdo permite a Italia resolver su última crisis bancaria en sus propios términos, asegurando que las dos entidades del Véneto no reciben un trato peor bajo las leyes europeas, potencialmente más estrictas. No obstante, el costo para los contribuyentes italianos será elevado.

"Los que nos critican deberían decir qué alternativa mejor había. No la veo", ha dicho Padoan en una conferencia de prensa después de que el Gobierno pasó el fin de semana elaborando un decreto de emergencia para culminar la liquidación.

El decreto indica que las entidades y empleados de los bancos del Véneto se integrarán en el Intesa Sanpaolo en la mañana del lunes, una decisión que busca evitar una potencial fuga de depósitos que podría extender el caos a lo largo del sector financiero.

De acuerdo al plan, que deberá ser votado por el Parlamento para convertirse en ley en un plazo de 60 días, los préstamos problemáticos de las entidades, así como los riesgos legales generados por un escándalo, serán derivados a un banco malo financiado en parte por el Estado.