Admitámoslo sin tapujos, la justicia está fuertemente mediatizada y politizada, la desconfianza en su eficacia e independencia se ha generalizado y su estructura organizativa adolece de múltiples carencias.

A quienes tenemos formación jurídica y nos hemos educado y formado en principios tan básicos para su correcta aplicación, como son el de la división de poderes, la seguridad jurídica y el sometimiento exclusivo al imperio de la ley de Jueces y Magistrados, según reza en nuestra propia Constitución, nos produce escalofrío el triste espectáculo que en asuntos de trascendencia social y pública están ofreciendo algunos representantes del tercer poder del Estado.

Impartir justicia es una tarea de gran responsabilidad y no exenta de enorme dificultad en determinadas circunstancias. Exige unas altas dosis de ecuanimidad, sentido común y formación profesional. Jueces y fiscales necesitan ser respetados y protegidos de cualquier contaminación que distorsione su capacidad de riguroso estudio, reflexión y decisión de los hechos sometidos a su enjuiciamiento y esto es algo que corresponde garantizar al Estado por una parte y a la propia sociedad por otra.

Tristemente la deriva que en estos últimos años ha deslizado al Poder Judicial hacia una pendiente de desconfianza, hay que buscarla, no solo en las actuaciones ciertamente desconcertantes de algunos jueces y fiscales, sino también en el clima exterior que rodea al complejo entramado judicial. Los servidores públicos llamados a interpretar y aplicar la ley, son personas que deben estar rodeadas de una serie de cualidades que prestigien y hagan creíble y eficaz su función.

Les es exigible, en mayor grado que a los ciudadanos a quienes deben enjuiciar, un elevado concepto de la honestidad personal, su profesionalidad, formación permanente y sentirse aislados interiormente de cualquier influencia política o social que pueda enturbiar su elevada misión. Algunas instrucciones, procesos y sentencias que rodean asuntos de gran trascendencia pública como son los que afectan a casos de corrupción económica y política, terrorismo o a personajes renombrados de la vida pública inducen a cuestionar muy seriamente, alguna de las cualidades que me he permitido describir.

Pero la sociedad debe también reaccionar para hacer una profunda reflexión sobre las causas que han debilitado y agrietado los cimientos del tercer poder del Estado. Por un lado es patente y notoria la injerencia política en los nombramientos de la magistratura en sus distintos estrados, sean órganos judiciales o de gobierno. A esto se añade, la utilización, en algunos casos manifiestamente escandalosa por parte del poder ejecutivo, de la Fiscalía General del Estado en temas de gran sensibilidad social, como lo ha sido en asuntos relacionados en la lucha contra el terrorismo. Produjo, por ejemplo, una gran frustración y dolor, especialmente a las víctimas, la posición clave de la fiscalía en el fracasado “proceso de paz” o la controvertida instrucción y subsiguiente juicio a los implicados en el mayor y más cruel crimen terrorista de la historia de España como fue el del 11M.

Existe, por otra parte, un notable desorden en su propia organización administrativa. Los múltiples órganos con competencia en materia judicial distribuidos entre el Ministerio de Justicia, Consejo General y Comunidades Autónomas implican importantes disfuncionalidades y desigualdades que revierten en los preocupantes déficits del sistema. La asunción de competencias por estas últimas en materia judicial, ha demostrado con el tiempo que no ha sido una decisión acertada.

Se debe reconsiderar también el método de elección de los vocales del Consejo por los riesgos de paralización y politización de sus funciones y acuerdos, sujetos se quiera reconocer o no, a los partidos que apoyan a unos consejeros u otros. Dotar a este órgano de autonomía presupuestaria, con el lógico control parlamentario, beneficiaría sin lugar a dudas, al funcionamiento de juzgados y tribunales.

No escapan a esta reflexión general los medios de comunicación, tan necesarios y útiles para la transmisión de la información a los ciudadanos. Lamentablemente viendo siendo habitual contemplar cómo algunos programas televisivos se convierten en auténticas salas o platós judiciales, donde concurren abogados, periodistas y las propias partes implicadas en un proceso, para propagar sus argumentos con la finalidad de publicitar sus intereses particulares en asuntos sub judice, provocando en ocasiones un alarmante escándalo público.

Defendamos pues, a nuestro poder judicial, de tanto intento de manipulación política que entorpece y desvirtúa la inmensa y encomiable labor que la gran mayoría de los miembros de nuestra judicatura realizan callada pero eficazmente. Los jueces y fiscales son personas que tienen el mismo derecho que cualquier ciudadano a cultivar y resguardar sus opiniones políticas, éticas o morales sin que éstas sean violentadas desde la sociedad a la que sirven, pero también defiéndanse ellos mismos para garantizar que, con su independencia y profesionalidad, sólo la ley y nada más que la ley es la guía que les debe conducir en el difícil pero apasionante mundo de impartir justicia.