La República Islámica de Afganistán liderada por Hamid Karzai fue fundada a finales de 2001 y, desde entonces, presume de ser un estado democrático basado en una Constitución que, sobre el papel, garantiza los derechos humanos, la seguridad para sus ciudadanos, y el establecimiento de la ley.

Pero todos los datos sobre corrupción generalizada, violencia policial e incapacidad para usar con efectividad unas Fuerzas de Seguridad Nacionales que empezaron a entrenarse en 2002 pero que necesitan del constante apoyo de la OTAN para ganar sus batallas, indican que el estado democrático afgano sólo existe sobre el papel.

En Afganistán existen muchos factores por los que la democracia y la justicia formal, la que se lleva a cabo en los Tribunales, no consiguen prevalecer así como no cuentan con el apoyo social necesario para su legitimación.

Entre estos factores destaca el hecho de que el país sigue siendo víctima de una moral tribal que está por encima de la legalidad de los Tribunales, y que a menudo no entiende de democracia o derechos humanos. Sobre todo cuando los casos a tratar tienen que ver con disputas entre marido y mujer.

El mejor ejemplo de esto es el código Pashtunwali, el cual se remonta al período pre-islámico y que establece la forma de actuar del pueblo Pastún, una de las etnias mayoritarias del país, según siete preceptos que, muchas veces, no se aplican justamente.
Como es el caso del Namus, o honor de las mujeres, en el que el marido no sólo debe proteger a su mujer sino a todo el género femenino de toda agresión física o verbal.

Una protección hacia la mujer que, según TrustLaw, el servicio de noticias sobre justicia de la agencia Reuters, no sucede en Afganistán puesto que en un estudio publicado el pasado junio el país fue descrito “como el lugar más peligroso del mundo para las mujeres”.

Otro ejemplo de esta justicia informal, o tribal, es el Badal, que literalmente se traduce por justicia, en la que ésta encuentra su satisfacción a través de la venganza y el derramamiento de sangre según el antiguo precepto bíblico del ojo por ojo.

El hecho de que para los pastunes muchas veces ésta es la única ley real, además de los preceptos del profeta y las Sharias, o interpretaciones que hacen los mulas del texto sagrado musulmán, El Corán, no beneficia al sistema judicial formal recogido en la Constitución afgana.

Ley tribal cuando la democracia falla

Noah Coburn, especialista en antropología y política de la Universidad de Boston, publicó recientemente un estudio realizado para el Instituto de la Paz de los EE.UU, en el que aseguraba que la democracia en Afganistán y el sistema tribal no casan bien.

Y que, por lo tanto, éste podría ser uno de los motivos claves por los que el sistema judicial afgano sigue fallando a todos los niveles.

Un sistema judicial que parece ser incapaz de resolver “disputas sobre la propiedad de la tierra, disputas familiares, particularmente las que hacen referencia a las herencias”, algo muy importante en Afganistán dada la alta mortalidad en el país, y “las disputas por el control de la autoridad local en las zonas rurales”.

De hecho, el sistema judicial afgano se encuentra sumido en un estado de corrupción tal que ganar un caso depende casi en su totalidad de los sobornos y los contactos de que dispongan cada una de las partes. En una encuesta publicada el año pasado por la ONG Integrity Watch Afghanistan los afganos consideraron el sistema judicial como el más corrupto de todo el Gobierno.

De esta manera, la falta de capacidad y de recursos en el sistema judicial formal ha llevado a los ciudadanos afganos a confiar en la ley tribal para resolver sus conflictos, lo que sin duda ha hecho aumentar la desconfianza hacia la justicia y legitimidad del Gobierno afgano.

La ley del más fuerte

Pero el sistema tribal parece que también empieza a fallar, puesto que según asegura Noah Coburn “la falta de seguridad personal y política de aquellos que practican la resolución de conflictos a través de la Ley Tribal, así como los cada vez más poderosos comandantes policiales locales cuya autoridad no está basada en la comunidad, están deslegitimando las leyes tribales”.

En el caso de que los dos sistemas acaben fallando los ciudadanos de Afganistán se encontraría en una situación de desprotección total ante la ley, y podrían acabar siendo víctimas de un sistema feudal dominado por la ley del más fuerte o, lo que es lo mismo en Afganistán, la ley de quien dispone de más hombres y más armas.

El peligro inmediato que supone la deslegitimación de la Ley Tribal es el gran avance en relaciones públicas y apoyo social de los afganos hacia la Insurgencia Talibán bajo la que, según varios ciudadanos de a pie consultados por este diario, “se vivía con una mayor seguridad legal, en el que las disputas se resolvían de una manera rápida y efectiva”.

Por ello, el Instituto de la Paz de los EE.UU ha hecho hincapié en el informe realizado por Coburn que propone como solución para reforzar la legitimidad del sistema judicial afgano la creación de un sistema legal basado en la combinación de la ley tribal y la justicia formal, para evitar que el Estado acabe siendo dominado por la ley del más fuerte. Hecho que sólo lo conduciría a una nueva guerra civil, o a la victoria de las fuerzas Talibán.

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