Pero esto no quiere decir que no existan considerables problemas. Fundamentalmente, los derivados de la masificación, los tiempos de las listas de espera y la necesidad de que estén trabajando más médicos y personal sanitario en el sistema de salud. Lo dicen hasta los mismos profesionales.

Que se pretenda que con una atención médica de cinco o diez minutos por paciente un médico de familia atienda muy bien o de modo completo en todos los casos creo que es pedir demasiado.

Si se piensa que, por ejemplo, la renta per cápita de Madrid duplica la de Extremadura se observa que la desigualdad campa a sus anchas en el territorio nacional. Algo que se refleja también en la desigualdad de la asistencia sanitaria y social dependiendo del lugar o la zona en la que se resida.

Que vengan ciudadanos de países cercanos como Reino Unido y Francia a operarse en hospitales españoles es significativo. Y que exista una especie de turismo hacia España por razones de salud también da que pensar.

Que el Gobierno actual diga que el Estado da un préstamo para cerrar el agujero del sistema de pensiones es entendible, pero es poner un parche a una situación que será más grave en los próximos años y décadas. Porque el déficit de la Seguridad Social supera ya los 1.000 euros por afiliado. Esto traducido a las grandes cifras supone casi los 18.500 millones de euros en 2016.

Y con el aumento de la longevidad y la esperanza de vida habrá que aumentar la financiación de la Sanidad y de los servicios sociales con lo recaudado con los impuestos. Porque parece que con las cotizaciones exclusivamente no se puede resolver este grave problema económico.

El ritmo de crecimiento del empleo no es suficiente para taponar el agujero de las pensiones y de la Seguridad Social.Porque el número de desempleados sigue siendo muy elevado y esto causa que las bolsas de pobreza y la desigualdad impidan un estado del bienestar que llegue a ser sentido por todos los ciudadanos. Existen millones de persona que lo están pasando mal por falta de recursos económicos mínimos y lo notan también en la poca o nula asistencia que reciben por parte del Estado.

Además, la asistencia social por parte de los organismos públicos que se encargan de estas tareas debería tener en cuenta junto con los ingresos también los gastos de subsistencia de las familias y de las personas. De este modo entenderían que las normas reguladoras de las ayudas económicas deben considerar los gastos imprescindibles que tienen que afrontar las personas que viven en nuestro país.

El intento de recuperar los 20 millones de ocupados no es suficiente. El que haya habido una fuerte crisis económica no quiere decir que volver a un nivel de empleo similar a los datos de hace una década o más sirva para estar satisfechos.

Que no suban los impuestos para los que tienen ingresos medios me parece justo. Pero también es necesario que se combata duramente el fraude fiscal con el fin de recaudar mucho más dinero. Aunque considero que está plenamente justificado que los astronómicos beneficios de grandes empresas y multinacionales aporten grandes cantidades de dinero al Estado a través de impuestos muy elevados. Es la manifestación la racionalidad de una justicia social que se extiende a todos.

Está claro que el incremento de la riqueza de un país o el aumento del producto interior bruto es lo que crea empleo de calidad. Si bien es imprescindible que la redistribución de lo producido y de la actividad económica esté inspirada en la igualdad y en la atención a través del salario social y de una renta mínima básica a los ciudadanos que la necesiten. Con el propósito de que dispongan de medios económicos suficientes para vivir con dignidad y calidad.