​“S.O.S España arde: de la emergencia crónica a la prevención inteligente”

El verano de 2025 ha colocado a España en el epicentro europeo de una crisis sin precedentes que ya no puede considerarse coyuntural. Nos hemos convertido en uno de los epicentros europeos del fuego. La crisis se agrava por una ola de calor persistente y por brechas estructurales en prevención, gestión del territorio y protección del interfaz urbano-forestal.

Introducción

En el verano de 2025, España arde como pocas veces en su historia reciente. La geografía nacional —de Galicia a Andalucía, pasando por Castilla y León, Cataluña y la Comunidad Valenciana— se ha convertido en un tablero donde el fuego avanza con una velocidad y una intensidad que desbordan incluso a los dispositivos de extinción más experimentados. El dato es frío, pero estremecedor: más de 115.000 hectáreas han sido devoradas por las llamas en lo que va de año, una cifra que ya coloca al 2025 como el tercer peor año de las últimas dos décadas. Sin embargo, detrás de cada hectárea arrasada hay vidas desplazadas, patrimonios destruidos, ecosistemas fragmentados, economías locales quebradas y hasta muertes. Este no es un episodio aislado, ni fruto exclusivo del azar o de un verano particularmente seco. La concatenación de olas de calor prolongadas, humedad relativa en mínimos históricos, vientos erráticos y paisajes con combustible acumulado durante décadas crea el escenario perfecto para que cualquier chispa —provocada o accidental— se convierta en un frente incontrolable. A ello se suman años de abandono rural y políticas públicas deficientes, centradas en la extinción, pero no en la reducción estructural del riesgo.

El cambio climático actúa aquí como un acelerador invisible: multiplica la frecuencia de días con “tiempo de incendio” extremo, adelanta el inicio de la temporada y retrasa su final. El resultado es una ventana de riesgo más larga y peligrosa que la de hace apenas veinte años. La ciencia lo ha advertido en informes del European Forest Fire Information System (EFFIS): España, por su localización y estructura territorial, es uno de los países europeos donde los incendios pasarán de ser un fenómeno estacional para convertirse en una amenaza casi permanente si no se interviene de manera integral. Mientras tanto, las comunidades más afectadas viven un ciclo repetitivo: las sirenas, la evacuación, el humo, el regreso a un hogar, en muchos casos, reducido a cenizas y la espera incierta de ayudas. La heroicidad de los equipos de extinción, que arriesgan la vida en condiciones límite, no puede ocultar la realidad de fondo: un país que invierte más en apagar que en prevenir, más en reconstruir que en rediseñar su relación con el fuego.

El incendio ya no es solo un problema medioambiental: es una crisis de gobernanza, de ordenación del territorio y de seguridad nacional. España gasta cientos de millones en apagar incendios cada verano, pero dedica una fracción de esa cifra, mínima podemos decir, a evitar que se produzcan, a la vista de todos está. En este contexto, el heroísmo de bomberos, brigadas forestales y pilotos no puede suplir una estrategia de país que debe integrar ciencia, ordenación territorial, legislación estricta y cultura preventiva. El coste no se mide únicamente en millones de euros o hectáreas, sino en la erosión de la confianza ciudadana y en la pérdida silenciosa de biodiversidad y resiliencia ecológica. Ante este panorama, no basta con reaccionar; es imprescindible transformar la política del fuego en España, de la urgencia improvisada a la prevención inteligente, basada en ciencia, gestión del paisaje y adaptación climática.

Contexto 2025: calor extremo, combustibles acumulados y focos simultáneos

• Décadas de abandono rural: La literatura técnica europea (EFFIS) viene advirtiendo del aumento del peligro estructural y de la necesidad de integrar prevención y ordenación.
• Ola de calor y sequedad atmosférica: la persistencia de altas temperaturas y vientos favorece igniciones múltiples y propagaciones rápidas.
• Magnitud de la temporada:
• 115.000 hectáreas quemadas al 15 de agosto.
• El 2025 ya es el 3º peor año en 20 años por superficie arrasada.
• Foco de Ourense: el incendio supera las 16.000 hectáreas, convirtiéndose en el mayor de la historia de Galicia.

El cambio climático: multiplicador de riesgo, no causa única

El cambio climático, que existe, aunque muchos se nieguen a creerlo, porque negarlo es como negar que los elefantes tienen trompas, no “provoca” incendios por sí mismo, pero alarga la temporada, seca los bosques y eleva el número de días de “tiempo de incendios”. En resumen: calor extremo + bosques y pastos secos + en algunos casos mano humana= fuegos desproporcionados.

Una política del fuego atrapada en el siglo pasado:

1. Predominio de la “política de incendio” (extinción) sobre la “política del fuego” (prevención y uso planificado). La inversión y la atención pública se concentran en lo que ocurre durante el fuego, no antes. Organizaciones como WWF señalan que, aunque baja el número total de siniestros, crece el peso de los grandes incendios (≥500 hectáreas) por la estructura del paisaje y la meteorología extrema.
2. Gestión insuficiente y abandono de usos tradicionales como el pastoreo.
3. Interfaz urbano-forestal vulnerable: urbanizaciones con defensas perimetrales y normas constructivas irregulares o nulas.
4. Descoordinación interadministrativa, las activaciones son absolutamente tardías; hace falta planificación y restricciones dinámicas, como por ejemplo control de pirotecnia, quemas agrícolas, tareas forestales con maquinaria.
5. La crisis climática que extiende la temporada de riesgo.
6. El abandono rural que ha permitido que bosques, matorrales y plantaciones formen un tapiz continuo de combustible.

Impacto social y económico:

• Víctimas y evacuaciones: Al menos ha habido tres fallecidos, hasta ahora y miles de evacuados en distintos focos; el episodio de Ourense evidencia pérdida de viviendas y medios de vida.
• Costes para economías locales: turismo estival, agricultura, ganadería y servicios se ven interrumpidos; varios ayuntamientos han modificado o cancelado pirotecnias y verbenas por riesgo extremo, con decisiones dispares y debate social.
• Efectos ecológicos: degradación del suelo y riesgos de erosión post-incendio; WWF recomienda proteger suelo, favorecer regeneración natural y reforestar solo cuando proceda.

Propuesta de soluciones (agenda 2025-2030): del “verano heroico” al “año preventivo”

La meta debería ser reducir el riesgo agregado actuando antes. Como una simple ciudadana preocupada, propongo lo siguiente:

1.  Agro sistemas que creen cortafuegos funcionales.

1. Medidas preventivas: clareos, podas y desbroces estratégicos en rodales críticos; contratos-programa plurianuales con objetivos medibles. Con esto hasta se crearían nuevas plazas de trabajo.

2. Franjas perimetrales obligatorias y normas constructivas resistentes a brasas como, por ejemplo: limpieza de cubiertas, linderos, materiales ignífugos en aleros y fachadas, en todos los municipios que sean auditadas anualmente con inspecciones y sanciones graduales.

1. Planes vecinales de autoprotección: simulacros, micro-equipos comunitarios y comunicación de alertas por capas (SMS, apps, radio).
2. Cláusulas de reconstrucción inteligente: prohibición de nuevas urbanizaciones en corredores de fuego identificados.
3. Persecución de conductas de riesgo y delictivas con penas de cárcel que superen los 10 años como mínimo. Un fuego provocado es un asesinato al ecosistema del lugar donde se provoca.

¿Qué debe decidir el Gobierno ya?:

1. Decreto-marco de umbrales de peligro con restricciones automáticas y coordinación.
2. Franjas perimetrales obligatorias, auditorías anuales y guía técnica de materiales y mantenimiento.
3. Programa de pastoreo y agricultura preventiva con financiación estable.
4. Cursos de prevención de fuegos y mantenimiento de ecosistemas en nuestras escuelas.
5. Mayor apoyo de nuestros “representantes” políticos y monárquicos.

Conclusión

La temporada de incendios del 2025 no es un accidente de calendario ni una anomalía estadística: es el reflejo de un modelo de relación con el territorio que ya no es viable en el contexto climático y socioeconómico actual. El país ha entrado en un nuevo paradigma donde la probabilidad, la intensidad y la duración de los incendios se ven amplificadas por factores interconectados. Este verano, con más de 115.000 hectáreas arrasadas, ha mostrado una vez más que la capacidad de extinción, por muy avanzada que sea, tiene un techo operativo. Cuando las condiciones meteorológicas, la sequedad de los bosques y las construcciones en zonas de alto riesgo se alinean, los incendios de alta intensidad superan cualquier capacidad de control directo. El coste humano, económico y ecológico de este fracaso estructural es inasumible: pérdida de vidas, destrucción de hábitats, erosión del suelo, emisiones masivas de CO₂, interrupción de actividades productivas y un impacto prolongado en la salud física y mental de las comunidades afectadas.

La repetición anual de este patrón erosiona también la confianza ciudadana en las instituciones. La sociedad percibe que las autoridades reaccionan con contundencia mediática en el momento de la crisis, pero que las soluciones estructurales se posponen o diluyen en el debate político. Este déficit de gobernanza debilita la legitimidad de las políticas públicas y perpetúa un círculo vicioso: cada verano se repiten las escenas de destrucción y heroísmo, y cada otoño se desvanece la urgencia hasta el siguiente pico de calor. La salida de este bucle no está en multiplicar medios aéreos ni en confiar en la suerte meteorológica. Es ACTUAR CON CONCIENCIA Y HACERLO YA.