Economía de retorno: más allá del gasto, la responsabilidad pública

En el debate contemporáneo sobre el gasto público y la cooperación internacional, se habla con frecuencia de “inversión social”, pero rara vez se analiza con rigor el concepto de economía de retorno: la capacidad de una inversión pública, nacional o internacional, de generar beneficios tangibles y medibles para la sociedad que la recibe, más allá del costo inicial. En tiempos de crisis económica, desigualdad y tensiones geopolíticas, el uso eficiente del dinero público se debe convertir en un tema central para la confianza ciudadana. Pero más allá de la eficacia administrativa, urge repensar la relación entre los proyectos financiados por fondos públicos y sus resultados reales para las comunidades: lo que llamamos economía de retorno.

La economía de retorno busca responder a una pregunta clave: ¿Qué beneficios concretos, duraderos y cuantificables genera una inversión pública o internacional para la sociedad que la recibe? En otras palabras, no basta con ejecutar proyectos; es imprescindible medir su impacto real, su retorno económico, social, ambiental y democrático. En los últimos años, miles de millones de dólares, euros y otras divisas han sido asignados por gobiernos y organismos multilaterales —desde la Unión Europea hasta Naciones Unidas, pasando por bancos de desarrollo— a proyectos de cultura, educación, salud, infraestructura, género y en la actualidad al desarrollo de la inteligencia artificial. Sin embargo, ¿cuánto de ese dinero regresa a las comunidades en forma de bienestar, empleo o riqueza sostenible? ¿Se está evaluando correctamente el retorno social, económico y fiscal de estos proyectos?

La necesidad de una evaluación rigurosa

Entidades como el European Court of Auditors (Tribunal de Cuentas Europeo) han alertado de la necesidad de evaluaciones más sistemáticas y transparentes sobre el impacto económico de los fondos de cooperación y desarrollo. En su informe especial n.º 01/2023 sobre la ayuda exterior, se señala que “la planificación de los proyectos no suele incluir indicadores de retorno económico local” (ECA, 2023). Del mismo modo, el Banco Mundial ha señalado que “la sostenibilidad de los proyectos financiados requiere no solo la ejecución efectiva, sino el fortalecimiento de capacidades locales para que los beneficios permanezcan en el tiempo” (World Bank, World Development Report, 2021).

Estas instituciones apuntan a un problema fundamental: la falta de trazabilidad del retorno que estos proyectos generan para la ciudadanía. ¿Se crean empleos locales? ¿Se fortalecen las economías comunitarias? ¿Los beneficios regresan a los mismos contribuyentes que financiaron el proyecto con sus impuestos? ¿Dónde de verdad va a parar ese dinero que también es nuestro, del contribuyente?

¿Qué es la economía de retorno?

La economía de retorno no es simplemente el análisis del “beneficio” de un gasto, sino un modelo económico y ético que busca garantizar que toda inversión pública —especialmente en cooperación internacional— genere beneficios concretos para las personas, no solo para las instituciones ejecutoras. Un informe del OECD Development Co-operation Directorate (DAC) ha propuesto que los proyectos de ayuda internacional incluyan evaluaciones ex ante y ex post de retorno social, económico y fiscal, destacando que “las sociedades receptoras deben ser vistas como co-inversoras, no como beneficiarias pasivas” (OECD DAC, Aid Effectiveness Review, 2022).

Educando en la economía de retorno

Uno de los grandes retos es que la ciudadanía desconoce cómo funcionan estos proyectos y cómo evaluar si el dinero público fue bien invertido. Es urgente educar a la población en criterios básicos de economía de retorno, incluyendo:

¿Cuánto costó un proyecto y quién lo financió?

¿Cuántos empleos o servicios generó localmente?

¿Qué parte de los recursos quedó en la comunidad y cuál fue reabsorbido por consultoras externas?

¿Cómo se puede medir el impacto a medio y largo plazo?

¿Son los proyectos financiados, verdaderamente viables?

Causas estructurales de la falta de retorno

1. Diseño tecnocrático de proyectos: los proyectos suelen elaborarse desde sedes centrales, con poca participación local, lo que dificulta que respondan a las verdaderas necesidades y dinámicas económicas de las comunidades.

2. Débil cultura de evaluación de impacto: muchas entidades ejecutoras cumplen con “entregables”, pero no con indicadores de retorno económico, social o ambiental. Los informes se enfocan en el gasto, no en el beneficio.

3. Ciudadanía poco informada o excluida: la falta de educación económica hace que la población no exija transparencia ni participe en la fiscalización de los recursos públicos.

Un cambio de paradigma necesario

Lo que está en juego no es solo la eficiencia del gasto, sino la legitimidad de las instituciones que administran esos recursos. La falta de retorno tangible alimenta la desconfianza social, mientras que su correcta gestión puede fortalecer tanto la economía como la democracia.En este sentido, toda política pública debería ser evaluada bajo una ética del retorno, que permita demostrar que cada euro, dólar o franco invertido retorna a la sociedad en bienestar, justicia y desarrollo real. Según en España tenemos la ley de la segunda oportunidad, debemos crear y no solo en España, la Ley del retorno. Un ciudadano que entiende cómo funciona el dinero público es un ciudadano que puede exigir cuentas. La alfabetización económica debería incluir conceptos básicos como:

Diferencia entre gasto público e inversión social.

Qué es un retorno económico, fiscal y social.

Cómo evaluar el impacto de un proyecto público.

Derechos ciudadanos sobre información y fiscalización.

Programas como el Presupuesto Participativo en Porto Alegre (Brasil) o el Participatory Budgeting Project en Nueva York han demostrado que cuando la ciudadanía participa en la decisión y seguimiento de inversiones públicas, los niveles de retorno y eficiencia aumentan.

Todo proyecto financiado por fondos públicos debería incluir indicadores ex ante y ex post sobre:

Empleo generado localmente.

Aumento de ingresos comunitarios.

Retorno fiscal (recaudación impositiva generada).

Impacto social (acceso a servicios, equidad, sostenibilidad).

La Ley de Evaluación de Políticas Públicas en Francia (Loi n° 2020-1721) ya exige que se midan los “efectos reales” de la inversión pública. Modelos similares deberían extenderse a cooperación internacional, ¿por qué en vez de legislar por leyes absurdas, no legislamos por lo verdaderamente importante? Los gobiernos deberían publicar mapas interactivos donde se vea cuánto se invierte, en qué y qué retorno genera. Ejemplos como el Open Budget Portal de Sudáfrica permiten esta trazabilidad, empoderando a la ciudadanía.

Muchos proyectos no se diseñan para ser sostenibles. Crear fondos rotatorios locales permite que los ingresos generados por los proyectos (ej. microcréditos, ventas) se reinviertan en nuevas iniciativas comunitarias. ONGs, universidades y gobiernos deberían crear programas de formación para ciudadanos evaluadores, que aprendan a analizar retorno económico-social y a exigir transparencia.

Impacto Esperado:

Mayor eficiencia y justicia en el uso del dinero público.

Fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones.

Sostenibilidad de proyectos con beneficios duraderos.

Retorno como justicia social

El dinero público es de todos. Evaluar su retorno no es solo una cuestión técnica, sino una cuestión de justicia. Garantizar que cada euro, dólar o yen se convierta en bienestar, empleo y desarrollo no es una opción, es una responsabilidad ética. Como señala el economista Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía: “No hay gasto público neutro. Toda inversión genera o desperdicia oportunidades” (Globalization and its Discontents Revisited, 2018). La economía de retorno nos invita a repensar cómo gastamos, pero, sobre todo, cómo construimos bienestar sostenible y equitativo con los recursos que ya tenemos. Para eso, necesitamos gobiernos transparentes, proyectos bien evaluados y una ciudadanía empoderada, que se atreva a exigir, sabiendo lo que exige.

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Referencias

European Court of Auditors (2023). Special Report 01/2023: EU External Aid – Performance and Impact. Luxembourg: Publications Office of the EU.

Cotto- Andino, Maylene (2025). UNESCO Chairs Transparency 360. A proposal from the Global Network (NET) to strengthen and raise the profile of UNESCO Chairs in Latin America and the Caribbean.

OECD DAC (2022). Aid Effectiveness Review 2022: Towards Better Return and Impact. Paris: OECD Publishing.

World Bank (2021). World Development Report: Data for Better Lives. Washington D.C.: World Bank Publications.

Participatory Budgeting Project. (2023). Impact Reports and Community Engagement. New York: PB Project.