La crisis de la vivienda en España no puede explicarse únicamente por las leyes del mercado. Es, en gran medida, el resultado de políticas ineficaces y de administraciones públicas que parecen más centradas en recaudar que en garantizar el acceso de los ciudadanos a un hogar digno.
Hoy, comprar una vivienda exige casi diez años de salario medio íntegro, cuando hace apenas unos años bastaban siete. Desde 2015, el precio medio del metro cuadrado se ha incrementado un 38 %, alcanzando ya los 2.100 €/m² a nivel nacional. En ciudades como Barcelona o Madrid, el metro cuadrado supera ampliamente esa media, superando incluso los 4.000 €/m² en algunos barrios. En paralelo, los alquileres en las grandes urbes se han disparado, situándose en muchos casos por encima de los 1.200 € mensuales, cifras inasumibles para miles de familias trabajadoras.
A esta escalada de precios se suma un hecho preocupante: alrededor de un tercio del coste total de una vivienda corresponde a impuestos y tasas. Esto revela lo que muchos ciudadanos temen: que el acceso a la vivienda se ha convertido en una fuente de ingresos para las arcas públicas, a costa de un derecho fundamental.
Mientras tanto, el parque de vivienda protegida en España apenas alcanza el 2,5 % del total, una cifra muy alejada del 15 % que registran países como Austria o Países Bajos. Ni el Gobierno central ni los gobiernos autonómicos han puesto en marcha un plan ambicioso para aumentar la oferta de vivienda pública o social y aliviar así la presión del mercado.
Las soluciones existen y son viables: Reducir la carga fiscal que eleva artificialmente el precio de la vivienda. Impulsar de forma masiva la construcción de vivienda pública y social, explorando también fórmulas innovadoras como el cohousing. Regular de manera inteligente el mercado de alquiler turístico y frenar la especulación inmobiliaria.
Sin voluntad política real, la vivienda seguirá siendo el privilegio de unos pocos… y la pesadilla diaria de muchos españoles.
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