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Más allá del entusiasmo con el que los mercados han recibido la noticia, del Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos, esa sentencia reafirma un principio esencial en toda democracia constitucional: ningún poder, ni siquiera el Ejecutivo, está por encima de la ley. Por muy legítimo que sea el mandato popular que respalde a un presidente, la voluntad de la mayoría no puede justificar decisiones que sean contrarias al ordenamiento jurídico. Tanto en nuestro país como en Estados Unidos, los populistas insisten en deslegitimar el control legal y judicial sobre el poder político en nombre de una supuesta voluntad popular. En España, no han faltado voces que hablan de una supuesta "juristocracia" para poner en entredicho la labor imprescindible del poder judicial en la vigilancia y limitación de los demás poderes del Estado.
Ningún poder debe ser ilimitado, ni el de un presidente ni el de ninguna cámara. Por este motivo, el escrupuloso respeto a la constitución y la imparcialidad de quienes están llamados a ser sus intérpretes es imprescindible para preservar la salud democrática de cualquier Estado. Sea EE. UU. o sea España.
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