​Irán y su derecho a la legítima defensa de la agresión israelí

El ataque persistente de Israel contra la infraestructura nuclear y militar iraní representa una escalada significativa y peligrosa en la geopolítica de Oriente Medio. Estas acciones no sólo son injustificables según el derecho internacional, sino que también amenazan la estabilidad de una región ya de por sí volátil. La República Islámica de Irán, como nación soberana, posee el derecho inalienable a defender su integridad territorial y sus intereses nacionales de conformidad con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Estos ataques israelíes, ya sean abiertos o clandestinos, constituyen actos de agresión que infringen las normas de conducta internacional y deben ser respondidos con medidas defensivas legítimas y proporcionales.

La base del sistema internacional moderno descansa en el principio de la soberanía de los Estados y la inviolabilidad de las fronteras nacionales. Este principio, consagrado en la Carta de la ONU y en numerosos instrumentos jurídicos internacionales, prohíbe a los Estados utilizar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro. Los repetidos ataques aéreos, ciberataques y los asesinatos extrajudiciales de científicos iraníes por parte de Israel atentan directamente contra estos principios.

Israel ha justificado sistemáticamente sus acciones alegando que el programa nuclear iraní supone una amenaza existencial. Sin embargo, Irán ha afirmado en repetidas ocasiones que sus actividades nucleares tienen fines estrictamente pacíficos, como han verificado múltiples informes del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) antes de la retirada de Estados Unidos del Plan Integral de Acción Conjunta en 2018. En virtud de este acuerdo, Irán fue sometido a uno de los regímenes de supervisión nuclear más rigurosos jamás implementados. Israel, por el contrario, permanece fuera del marco del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP), mantiene un arsenal nuclear no declarado y se resiste al escrutinio internacional. Este trato asimétrico refleja un doble rasero que envalentona la agresión israelí y socava la diplomacia multilateral.

La postura de Irán se basa en una interpretación jurídica de la legítima defensa. El Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas permite a un Estado usar la fuerza en legítima defensa si se produce un ataque armado en su contra. Los ataques israelíes contra instalaciones militares e infraestructura nuclear iraníes constituyen ataques armados desde cualquier punto de vista razonable. Estos no son ataques preventivos en el sentido legal, sino actos de agresión basados en amenazas especulativas.

Irán no busca la guerra, pero se reserva el derecho a responder proporcionalmente a actos de hostilidad. La doctrina militar iraní es fundamentalmente de naturaleza defensiva, desarrollada para disuadir a los actores hostiles y preservar la seguridad de sus fronteras. La narrativa del «expansionismo» iraní a menudo citada por funcionarios israelíes es una construcción política utilizada para justificar incursiones ilegales y distraer la atención de las propias políticas israelíes de desestabilización regional.

Los ataques contra instalaciones iraníes deben entenderse también en el contexto más amplio de la dinámica de poder regional. Las acciones de Israel no son hechos aislados, sino que forman parte de una estrategia coordinada para socavar la influencia iraní en todo Oriente Medio, especialmente en Irak, Siria y Líbano. Estas acciones no sólo violan la soberanía iraní, sino que también atentan contra la soberanía de terceros Estados, como Siria, que ha protestado reiteradamente por las incursiones israelíes en su territorio. La presencia militar iraní en estos países se ha producido a petición formal de sus gobiernos soberanos, un hecho que contrasta fuertemente con la naturaleza extraterritorial de las intervenciones militares israelíes.

Además, los ataques israelíes corren el riesgo de arrastrar a toda la región a un conflicto abierto. Cada escalada aumenta la probabilidad de errores de cálculo y ciclos de represalias que podrían sumir a los países vecinos. La comunidad internacional debe reconocer que si no se abordan las causas profundas de estas tensiones -incluida la ocupación ilegal, el doble rasero sistémico y la incapacidad de las instituciones internacionales para garantizar la rendición de cuentas- la seguridad regional seguirá siendo precaria.

Irán considera la silenciosa respuesta de la comunidad internacional a la agresión israelí como una complicidad tácita. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha omitido en gran medida condenar estos ataques ilegales, a menudo debido a la parálisis geopolítica. Las potencias occidentales, en particular Estados Unidos, han ofrecido apoyo diplomático y militar a Israel, al tiempo que sancionan a Irán por defenderse. Esta aplicación selectiva de las normas internacionales erosiona la legitimidad de las estructuras de gobernanza global y fomenta nuevas violaciones.

Irán no busca el conflicto, sino que insiste en su derecho a desarrollar capacidades científicas y defensivas en el marco del derecho internacional. El Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) representó un reconocimiento multilateral de este derecho; sin embargo, su desmantelamiento ha dejado a Irán expuesto a la coerción unilateral y al uso ilegal de la fuerza. El restablecimiento de una diplomacia equilibrada y del respeto mutuo es esencial para el retorno de la estabilidad a Oriente Medio.

En conclusión, los continuos ataques de Israel contra su infraestructura nuclear y militar no solo son ilegítimos, sino profundamente desestabilizadores. Violan principios fundamentales del derecho internacional, amenazan la seguridad regional y socavan los esfuerzos diplomáticos. La respuesta de Irán —mesurada, defensiva y con fundamento jurídico— debe entenderse como un ejercicio legítimo del derecho a la legítima defensa. La comunidad internacional debe actuar para frenar la agresión y defender los principios de soberanía y conducta lícita. Sin esto, el ciclo de violencia persistirá, con graves consecuencias para la región y más allá.