Frenos institucionales en peligro: el caso de España

Mientras se suele observar con inquietud la erosión de los contrapesos institucionales en regímenes como el ruso o en liderazgos populistas como el de Trump, también en democracias consolidadas como España surgen señales de alarma sobre el debilitamiento de las estructuras que garantizan el equilibrio de poderes.

Dos propuestas recientes del Gobierno español lo ilustran con claridad: por un lado, limitar o eliminar la figura de la acción popular, que permite a ciudadanos y asociaciones personarse en procesos judiciales sin necesidad de ser parte afectada directa; por otro, atribuir en exclusiva al Ministerio Fiscal el control de las investigaciones judiciales, subordinando así a la Guardia Civil o la Policía Judicial directamente al fiscal.

¿Qué está en juego con la acción popular?

La acción popular es una institución muy peculiar del ordenamiento español, que ha permitido en el pasado sacar adelante causas judiciales sensibles que de otro modo podrían haber sido ignoradas o enterradas por intereses políticos. Gracias a esta figura, por ejemplo, fue posible avanzar en casos como el del GAL, Gürtel o el caso Bankia.

Eliminar o restringir esta posibilidad no solo reduce la participación ciudadana en la justicia, sino que concentra aún más el poder de acusación en el Estado, en un momento en que la confianza en la neutralidad de las instituciones está en entredicho.

Ministerio Fiscal y dependencia del Ejecutivo

El otro punto crítico es la atribución al Ministerio Fiscal del control exclusivo de las diligencias previas, lo cual tiene consecuencias aún más profundas. En España, a diferencia de otros países como Italia, el Ministerio Fiscal no es independiente del Gobierno, sino que su cúpula (el Fiscal General del Estado) es nombrada directamente por el Ejecutivo. Esto supone un conflicto evidente entre la imparcialidad exigible en un proceso penal y la obediencia jerárquica del fiscal a las directrices del Gobierno.

Si las investigaciones de cuerpos como la Guardia Civil deben reportar directamente al fiscal, sin control judicial, se debilita el papel del juez de instrucción como garante imparcial de los derechos fundamentales, y se abre la puerta a filtrar, retrasar o incluso frenar investigaciones políticamente sensibles. El riesgo no es teórico: en manos de un Ejecutivo con mayoría, el control procesal puede transformarse en un arma para proteger a aliados o perseguir a críticos.

Un problema europeo: la erosión silenciosa de la separación de poderes

Lo que ocurre en España forma parte de una tendencia más amplia: la erosión sutil, pero persistente, de las instituciones de control. A diferencia de los golpes autoritarios del pasado, hoy el debilitamiento democrático se produce desde dentro del sistema, mediante reformas legales, cambios administrativos o reinterpretaciones normativas que, paso a paso, desmontan los mecanismos de vigilancia y control del poder.

Así como en Rusia se ha vaciado de contenido la independencia judicial y parlamentaria, y en EE.UU. hubo intentos de instrumentalizar la justicia, también en Europa debemos estar atentos a los cambios legales que reducen la pluralidad, la transparencia y el equilibrio institucional. La democracia no se destruye en un día; se desmantela por etapas, y el primer paso es siempre el mismo: eliminar los frenos al poder.