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Las insolvencias podrían aumentar hasta un 6% en 2025 a nivel global debido a los efectos de la guerra comercial tras el anuncio de los nuevos aranceles por parte de la Administración estadounidense. Se prevé que el aumento de los aranceles repercuta en una mayor inflación y un retraso en la relajación monetaria. Estos factores suponen un riesgo significativo para el comportamiento de los impagos.
Un reciente estudio de Crédito y Caución ha evaluado un cambio de escenario sobre la previsión inicial para 2025 que estimaba una estabilización de las insolvencias. En 2024, se elevaron un 19% como consecuencia de unas condiciones económicas particularmente adversas derivadas de altos costes de los insumos, tipos de interés más altos y la reversión de las medidas de apoyo gubernamentales para hacer frente a la pandemia.
Estos riesgos se han moderado de cara a 2025 gracias a los ajustes que están llevando a cabo los mercados para acercarse a los niveles pre -COVID. Sin embargo, han emergido otros riesgos derivados de la guerra comercial que podrían afectar negativamente a la tendencia inicialmente prevista.
En este sentido, la aseguradora de crédito ha analizado un nuevo escenario en el que las insolvencias podrían mantenerse al mismo nivel de 2024 o aumentar un 6% a nivel global. En el caso de la Unión Europea, podrían crecer entre el 1% y el 5% este año, en función del impacto de las consecuencias de la guerra comercial, es decir, precios más altos, subida de la inflación, caída de la demanda y mayor riesgo de crédito.
A corto plazo, las empresas pueden verse afectadas por un acceso más restrictivo al crédito debido a la actual incertidumbre económica. Las encuestas sobre préstamos bancarios tanto en Estados Unidos como en la eurozona mostraron un modesto endurecimiento neto de los criterios de concesión de préstamos en el cuarto trimestre de 2024. Las principales razones aducidas por los bancos son unas perspectivas económicas menos favorables o más inciertas y una menor tolerancia al riesgo. En general, el estudio apunta a que las empresas se beneficien de unas condiciones de financiación más favorables en 2025, aunque persisten importantes riesgos a la baja debido a la incertidumbre política.
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