Rita Barberá, excaldesa de la ciudad de la paella y Senadora del Reino de España por elección de las Cortes Valencianas, ya es cargo público investigado por el TSJ, hecho del que se va a encargar el magistrado de la Sala Penal del Supremo Cándido Conde-Pumpido -el que fuese fiscal general nombrado por Rodríguez Zapatero, una auténtica personalidad en el mundo de la justicia- por un presunto delito de blanqueo de dinero en la financiación del PP valenciano.

Como el PSOE ha presentado ser acusación popular, hecho al que se muestra reticente el magistrado por “ser un serio riesgo de judicialización de la política”, ha establecido que el descabezado partido socialista deberá abonar la cantidad de 3.000 euros para ejercer dicha acción popular.

El día fijado para iniciar la deseada vista contra la senadora será el próximo día 21 de noviembre, a la que Rita Barberá podrá acudir o no por ser una declaración voluntaria, ya que no se ha cursado suplicatorio al Senado para proceder contra ella.

Rita, que demuestra ser lista como pocos, va a asistir voluntariamente y evitar el trago, quiero creer, de tener que poner a sus excompañeros del PP, que son mayoría en el Senado, en el problema de definirse ante el citado suplicatorio; o sea, que de momento va de forma voluntaria y me imagino que es de agradecer por todas sus señorías.

Hasta que no se demuestre lo contrario, o sea, si existe parné por otros recovecos municipales, parece que de lo que se trata es de saber sí es cierto o no que Rita Barberá donó 1.000 euros para una campaña municipal y después le fueron devueltos en dos billetes de 500 euros, forma sutil de blanqueo; ella afirma que los dio, pero que nadie se los volvió a remitir.

Después de la que hay liada con ella, sería de “cachondeo” que el magistrado no vea delito alguno, y que toda la carnaza de la que se han valido algunas emisoras de televisión durante meses se la tengan que tragar.

Lo más importante para el que estas líneas escribe, aparte claro es del destino de Barbera, es lo dicho por el magistrado, a saber: “el riesgo de judicialización de la política”, práctica también llevada a cabo por el PP en el caso de los EREs de Andalucía.