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Toda organización social emplazada en un determinado territorio no tiene que regular, ejecutar y controlar la vida de sus miembros. Está bien que “planifique” y dé argumentaciones mediante la determinación de un objetivo y las herramientas necesarias para conseguirlo, pero eso sí, sin imposiciones.
El objetivo del Estado es asegurar el bienestar de sus habitantes, y debe buscar las herramientas idóneas para asegurar ese bienestar, además de elaborar planes de trabajo que tengan cara y ojos. Los poderes superiores del Estado deben ejecutar, cumplir y hace cumplir las normas que se regulan, pero al igual que los políticos son elegidos por el pueblo, sería bueno que los altos mandos judiciales también fueran elegidos por la ciudadanía.
En consecuencia, el elector tiene la obligación de exigir a los candidatos el plan de trabajo como condición de empleo, el que será aprobado y apoyado por el ciudadano, cuando sea, claro, flexible y medible, es decir, que indique matemáticamente qué va a hacer, cuánto va a hacer, cuál es el valor, cómo va a hacer y cómo se podrá medir el avance. Este plan se consigue utilizando la herramienta de gestión de proyectos. En fin, sobra la improvisación, la demagogia y los debates inútiles.
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