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El acuerdo entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas del PP para el reparto y acogida de 400 menores inmigrantes, al que se llegó hace unos días, pone en evidencia las carencias de una política que no es capaz de ofrecer una respuesta a la altura del reto que supone un fenómeno tan complejo como la crisis migratoria. La deficiencia deriva de estar volcados en el corto plazo, en las estrategias electorales y en los intereses del momento. La cuestión migratoria, en un país de frontera como es España, debiera responder a un pacto de Estado y no a decisiones coyunturales de urgencia. Y es que mientras el PSOE utiliza este caso para sembrar con notable demagogia la imagen de un PP insolidario, las comunidades gobernadas por los populares han asumido su responsabilidad, reclamando la necesaria financiación. Curiosamente, la única Comunidad Autonómica que no ha recibido a menores inmigrantes procedentes de Canarias en los últimos años ha sido la del País Vasco en donde gobierna el PSOE en coalición. Y la que se ha negado ha sido Cataluña, regida, hasta ahora, por los socios prioritarios de Sánchez y ahora por su propio partido.
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