Un principio para cualquier reforma, según manifiesta la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, debe ser el de igual financiación a igual esfuerzo fiscal, objetivo que hoy en España suena utópico.
Otro, el diseño de un modelo que incentive la responsabilidad fiscal de los gobiernos regionales y obligue a una rendición de cuentas. Todo lo contrario del sentido al que apunta la negociación, próxima a concluir, entre el PSOE y ERC.
Cierto que el desbarajuste viene de atrás, pero esta podría ser la puntilla a cualquier esperanza de una financiación autonómica con mínimos visos de racionalidad y justicia redistributiva.
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