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La Vicepresidenta Primera del Gobierno y ministra de Hacienda, doña María Jesús Montero (para los más despistados, esa señora que se sienta en el Congreso de los Diputados junto a Pedro Sánchez y vocea, aplaude y gesticula como una vendedora de lencería de mercadillo dominical), ha dicho este pasado día 13 de junio, lo que ya suponíamos que acabaría diciendo, contradiciéndose a sí misma, sobre la financiación autonómica: que Cataluña debe tener un trato especial en financiación (“tendrá que ver satisfechas sus necesidades”), que, traducido a lenguaje mundano y democráticamente mortal, significa que acabaremos pagando entre todos los no sediciosos la deuda generada por las veleidades secesionistas de los gobernantes catalanes, socializándola, y que Cataluña contará con un cupo similar al del País Vasco; es decir, igual de injusto, pero, además, inconstitucional.
Aunque seguro que el Gobierno dirá que es perfectamente ajustado a la Constitución; pues, ya se sabe, como ahora la soberanía nacional ha sobrevenido en popular y, en vez de recaer en el pueblo español, recae en el Congreso de los Diputados, donde se ahormará una mayoría suficiente para transformar lo ilegal e inmoral en perfectamente democrático, podremos disfrutar, una vez más, de la gran virtud de la necesidad. Dijo ella, con el desparpajo que la caracteriza, cuando se firmaron los acuerdos con Junts y Esquerra, que la condonación de la deuda se aplicaría por igual a todas las Comunidades Autónomas y que el reparto de los fondos públicos para la financiación autonómica sería equitativo; manifestación inequívoca de que ni lo uno ni lo otro, porque, por más que nos insista a voces, los sujetadores y las bragas con etiqueta de Dolce & Gabanna en un puestecito bajo el sol a 15 €, a pesar de que a primera vista no lo parezcan, son necesariamente falsos.
En este chalaneo en el que parece sentirse tan a gusto y suelta doña María Jesús, ha mandado un “recadito” a fiscales y jueces (naturalmente, para reforzar la independencia funcional de unos y la pulcra y debida separación de poderes entre el poder ejecutivo y el judicial, respecto de los otros), recordándoles que han de ser leales con el espíritu de la ley (la de amnistía) y con la voluntad del legislativo; vamos, que todo el mercadillo es del Gobierno y que no caben autoridades que puedan establecer que algo de lo que venden es una falsificación, que todo es, por decreto, genuino. Como todo el mundo sabe, entre “los indultos son constitucionales, el referéndum, no; ni tampoco la amnistía. Como este Gobierno no se va a saltar la Constitución, como si hace el Partido Popular […].
Como este Gobierno respeta la Constitución, no va a haber ni amnistía ni referéndum de autodeterminación” y “es que, desde siempre, hemos dicho, el Gobierno, el Partido Socialista, que la ley (de amnistía) entró constitucional en el Congreso de los Diputados, que tiene que salir constitucional, y que, por tanto, cualquier cuestión, cualquier materia técnica que se quiera incorporar, tiene que perseguir esas prerrogativas que para nosotros son absolutamente imprescindibles […]”, solo hay, como en la lencería de mercadillo, siete pasos exactamente: imitar el producto (diseñadores monclovitas), copiar su etiqueta (los mismos), fabricarlo clandestinamente (en Bélgica y Suiza), distribuirlo de igual manera (con discreción negociadora), publicitarlo, a continuación, a voces (fango, argumentario y medios amigos), venderlo como auténtico (tertulianos progresistas), acogotar al fabricante legítimo (impuestos y paquetes democratizadores). Así que todo va como un cohete, y si no me compras nada, pues talante democrático vicepresidencial de ese que creó Zapatero: “A la mierda”, que nuestro producto es mejor o “¿Qué estás diciendo? ¡Qué cabrón!”
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