Parece que la negociación entre PP y Ciudadanos está bloqueada en
algunos aspectos centrales como son los relativos al gasto social planteado
por el partido de Rivera. La capacidad de no dar largas es muy necesaria
para lograr un acuerdo. Si no es así, no tiene mucho sentido que se sienten
a buscar un consenso con bastantes reformas que, probablemente,
mejorarían la situación económica y social del país.
La política española de este momento se basa en ver quién puede
imponerse para lograr ventaja y seguir con su programa sin cambiarlo. O al
menos esa es la impresión que está dando el partido que gobierna la nación.
Es necesaria mucha más flexibilidad cognitiva para darse cuenta de que las
viejas fórmulas políticas ya no sirven y deben ser sustituidas.
El miedo que tienen los dirigentes del PP a no poder disponer de dinero
suficiente para las reformas es infundado, porque existen mecanismos de
ajuste del gasto que se pueden utilizar sobre la marcha. Además la
distribución del dinero procedente de los impuestos se puede realizar de
otras maneras más beneficiosas. Se puede cambiar todo en la
administración de un país, con el fin de garantizar o asegurar la prosperidad
general y un auténtico Estado del Bienestar. No se debe tener temor a
nuevas políticas sociales y laborales y el partido Popular lo tiene.
Además están los expertos que pueden aconsejar sobre formas de
dinamizar la economía española. La excesiva prudencia ya no sirve para
resolver los problemas económicos es preciso poner en práctica medidas
nuevas para crear empleo incentivando, si es necesario, a los empresarios y
a los autónomos, con ayudas económicas sustanciales y con la persecución
del fraude a Hacienda. Luchando a la vez contra la economía sumergida
que es un lastre para el país. Porque si no aflora realmente toda la actividad
productiva se ingresan menos impuestos y eso repercute en todos los
ciudadanos.
La duplicidad administrativa que parece existir con las Comunidades
Autónomas puede ser reducida para destinar los fondos resultantes a gastos
sociales y a otras necesidades de los ciudadanos.
En lo referente a la renta mínima básica considero que su implantación es
imprescindible, por muchas razones que son fácilmente entendibles. Y no
es cierto que puede servir para incrementar el número de los que no quieren
trabajar para vivir de la renta mínima, porque existen controles para evitar
este tipo de picaresca y engaño.
Al final, la racionalidad es lo que debe dirigir la actividad política en
beneficio siempre de los más desfavorecidos y de la clase media. Ya que la
clase alta o los ricos no necesitan a las instituciones en el mismo sentido.
Tampoco estaría mal el análisis de las políticas que están aplicando en
países como Noruega, Suecia o Finlandia, aunque su población sea mucho
menor que la española para extraer enseñanzas útiles.