WASHINGTON - Cualquiera que sea la importancia que se dé a la puesta de Chicago por albergar los Juegos de 2016, tiene escasa relevancia para el resto del país. Con más implicaciones y más aterradora es la decisión del Tribunal Supremo de reabrir un caso que cuestiona la prohibición impuesta por el consistorio a la posesión de armas de fuego en el mandato que arranca esta semana.

El caso puede considerarse más un aperitivo de próximos estrenos. El lobby de las armas, si es que gana en el Tribunal Supremo, está dispuesto a interponer demandas contra toda ley de control de armas que haya sido implantada a cualquier nivel de la administración. Será el levantamiento de una siniestra veda del sentido común de la ciudadanía, los funcionarios de las fuerzas del orden y los demás que piensan que llevar las armas de elevado calibre que circulan hoy en día en una sociedad urbanizada, móvil -- y enfadada -- es escalofriantemente peligroso y mortal.

Puesto que el alto tribunal tumbó la prohibición que imponía el Distrito de Columbia a la posesión de armas de fuego, los defensores del derecho a las armas han esperado impacientes un caso que pudiera ampliar el veredicto a estados y municipios. Debido a que el Distrito es una entidad federal, se necesitaba un caso diferente para sentar el precedente de que estados y municipios no tienen derecho a imponer restricciones estrictas a las armas. Chicago se ha convertido en la prueba.

Casi nadie espera que el tribunal de alineamiento conservador mantenga la prohibición de Chicago, que sólo se aplica a las pistolas. Los propietarios de fusiles de caza, por ejemplo, no se ven afectados por la ley local.

Esta distinción dice mucho del estado actual de la política armamentística. Hace sólo una década, los activistas de las armas afirmaban con frecuencia que querían sus armas para cazar. Evocaban recuerdos de infancia con familias que crecieron en los bosques mientras una generación de cazadores pasaba el antiguo relevo a la siguiente.

Estos argumentos parecen tan pintorescos ya como la premisa de que la gente razonable no lleva armas de fuego a actos políticos que incluyen al presidente de los Estados Unidos. Hoy en día el argumento reza que el derecho a llevar armas -- no sólo tenerlas en casa con fines de autodefensa -- debería ser en la práctica ilimitado mientras el individuo que tiene el arma no sea un delincuente con antecedentes.

Una muestra del debate aparece en una denuncia interpuesta en los tribunales federales, que desafía la ley de armas actual del Distrito de Columbia revisada tras la decisión del tribunal. Autoriza los permisos de armas exclusivamente a los residentes que pretendan utilizar esas armas para fines de autodefensa en sus casas. El Distrito sigue prohibiendo que la gente vaya armada por la capital de la nación, a donde cada año vienen millones de turistas, escolares, funcionarios de visita y dignatarios extranjeros a cerrar negocios, sumergirse en la historia o celebrar la primavera entre el esplendor de los cerezos en flor.

"La Segunda Enmienda garantiza el derecho a portar armas en público con fines de autodefensa", esgrime en ese caso ante la justicia la Fundación para la Defensa de la Segunda Enmienda.

Lo que es más, la Fundación afirma que las restricciones que prohíben llevar armas a los visitantes de la capital son ilegales. "La Declaración de Derechos dispuso términos idénticos para todos los visitantes de la capital de nuestra nación," reza el sumario del caso. "La restricción de los derechos fundamentales a los residentes de la ciudad... no sólo viola el derecho a llevar armas, sino también el derecho a la libertad de desplazamiento."

La potencia del lobby de las armas ya ha llevado al Congreso a abandonar la prohibición implantada en la década de los 90 del armamento de asalto semiautomático, una prohibición que fue ampliamente respaldada por los funcionarios de las fuerzas del orden. Sigue funcionando un sistema de ferias de armas no reguladas y ventas privadas en donde los compradores pueden adquirir sus armas sin obligación de comprobar los antecedentes. El lobby del derecho a las armas celebraba el inicio del verano cuando el Presidente Obama aprobaba la ley que permite meter en los parques nacionales armas cargadas que no vayan a la vista. Los partidarios de las armas se acercaron mucho -- demasiado -- a la evisceración de las leyes estatales que regulan las armas ocultas impulsando una medida que permite a cualquiera que lleve un arma registrada en un estado introducirla en estados con regulaciones más rígidas siempre que no vaya a vista.

"Quieren establecer un derecho constitucional a llevar cualquier arma, a cualquier parte, en cualquier momento", dice Dennis Henigan, vicepresidente de ley y legislación del Centro Brady para la Prevención de la Violencia Armada. "Quieren imponer eso en todo rincón de la sociedad estadounidense".

Muchos estadounidenses estaban nerviosos ante la visión de manifestantes armados en las "asambleas" de la sanidad e incluso en los exteriores de actos en los que el Presidente Obama participaba el verano pasado. La triste verdad es que el lobby de las armas, con las probables bendiciones del Tribunal Supremo, vaticina con orgullo más de lo mismo.