El presupuesto del Ministerio de Defensa ha aumentado en diez años, un 113,3%, pasando de 6.676,7 millones de euros en 2014 a 14.453,8 millones en 2023. Y en tan solo un año, de 2022 a 2023, un 23,4%. Un nuevo Working Paper del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, La escalada armamentista del Gobierno de España, analiza el aumento del gasto militar español y de las inversiones en nuevos armamentos de los últimos cuatro años, en un contexto de espiral armamentista exacerbado por las presiones de la OTAN para el incremento de los presupuestos en defensa.

“El compromiso adquirido por el presidente Sánchez de alcanzar el 2% del PIB en gasto militar en 2029, frente al líder de facto de la OTAN, Joe Biden, en la Cumbre de la Alianza Atlántica que tuvo lugar en Madrid en junio de 2022, se ha traducido en un gran aumento del gasto militar, alcanzando cifras nunca vistas en 45 años de democracia en España”, apunta Pere Ortega, investigador del Centre Delàs d’Estudis per la Pau y autor de la publicación.

En este contexto de aumento de los presupuestos de defensa, con el 2% del PIB como objetivo, se incrementan las inversiones para el desarrollo en nuevos sistemas de armamento. En este sentido, en 2023 el Gobierno destinó a inversiones en I+D militar para desarrollar los Programas Especiales de Modernización (antiguos PEA) 1.833 millones de euros, un 11,2% sobre el total de la I+D en ayudas públicas. Esta cuantía aumentó un 95% con respecto al año anterior, pasando de 938,5 M€ en 2022 a 1.83,33 M€ en 2023, contribuyendo en los últimos diez años a un crecimiento del 361,7%.

El presupuesto del Ministerio de Defensa aumentó en 2023 un 23,4% con respecto a 2022 y, debido a los compromisos adquiridos en nuevas inversiones en nuevos Programas Especiales de Modernización (PEM), el próximo año 2024 volverá a subir en un porcentaje no menor, sobrepasando el tan manido 2% del PIB en gasto militar. En el período de cuatro años (2020-2023) de la legislatura de Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, se han llevado a cabo unas inversiones de 24.139,7 millones de euros en PEM, que se destinan a 21 nuevos programas y cuatro modificaciones de los ya existentes.

Según indica Pere Ortega, autor del informe, “los gobiernos del PSOE entre 2019 y 2023 (en solitario tras la moción de censura y en coalición con Unidas Podemos después), han aprobado un incremento del gasto militar de más de 30.000 millones de euros, adquiriendo compromisos de inversiones en armamento hasta 2037. Esto supone que, al tiempo que desde Europa se preparan recortes y políticas de austeridad, el Gobierno hipoteca futuros presupuestos del Estado y asegura un aumento de la deuda”.

De hecho, en 2023 ya se superó el 2% del PIB en gasto militar, si atendemos a lo que aconseja la OTAN a los países miembros respecto a cómo calcular el gasto militar e incluimos todos aquellos gastos militares repartidos por otros programas y ministerios: la seguridad social y las pensiones del personal militar; la mutua militar; los costes de personal paramilitar como es la Guardia Civil; los créditos en I+D militar que surgen desde el Ministerio de Industria; o la participación en organismos militares como la propia OTAN.

Si además contabilizamos la diferencia entre el presupuesto militar inicial y el liquidado a final de año, y los intereses de la deuda correspondientes al total de estas partidas, el gasto militar real alcanzó en 2023 el 2,17% del PIB (llegando a los 27.617 M€).

“No utilizar el criterio que recomienda la OTAN a la hora de calcular el gasto militar permite al Gobierno de Sánchez acometer estos grandes aumentos en inversiones en armamento, bajo la falsa premisa de que España está a la cola de gasto dentro de los países miembros de la Alianza Atlántica”, apunta Ortega.

Las principales beneficiarias del aumento del gasto militar, que adquieren la mayoría de los contratos del Ministerio de Defensa, son las tres empresas españolas de mayor envergadura en el sector de la defensa en España, que representan entre el 70 y 80% de toda la facturación en defensa: Airbus, Navantia e Indra. A ellas se añaden otras destacadas industrias militares y de seguridad como Escribano, Expal, Sener, Tecnobit, ITP Aero, GMV, SAPA y FMG que, en su mayoría, comparten contratos con las tres anteriores. Además, de manera ineludible, también suministran armamentos a las Fuerzas Armadas españolas algunas de las empresas más importantes de Estados Unidos (Lockheed Martin, General Dynamics, Raytheon o Boeing), que es el principal productor y suministrador de armas a los países de la OTAN.

También destaca la presencia de algunas de las principales industrias militares de Israel: Rafael, Elbit, Israel Aerospace Industries (IAI). Son empresas que mantienen una fuerte conexión con empresas españolas en la fabricación conjunta de diversos programas de armas, especialmente de misiles. De hecho, el Gobierno, en ese momento en funciones, aprobó en octubre la adquisición de las plataformas de lanzacohetes SILAM (Elbit), por 576 M€, y los misiles contracarro Spike (Rafael), por 285 M€.

La publicación concluye que “en lo que se refiere al gasto militar, la deriva militarista iniciada desde la aprobación del nuevo Concepto Estratégico de la OTAN en junio de 2022 no tiene parangón y tendrá graves consecuencias sociales. Hay que recordar, que los presupuestos del Estado son de suma cero: aquello que dedicas a un ámbito va en detrimento de otro. Con lo cual, las inversiones en armamentos y el ascenso del gasto militar van en perjuicio de otros aspectos esenciales para la población como son la salud, la educación, la vivienda, las pensiones, el trabajo y la cultura, entre otras”. Y alerta que esta deriva militarista en España, Europa y el mundo vaticina un mundo más inseguro, pues ese armamentismo acrecentará las posibilidades de nuevos conflictos en detrimento de la deseada convivencia y paz mundial.