Tras las nuevas elecciones legislativas, celebradas el pasado 26 de junio, se ha abierto un escenario que ya no nos resulta ni muchos menos tan sorprendente y desconocido como seis meses antes, cuando se quebró el bipartidismo instalado en España desde el regreso de la democracia. Ya sabemos, por ejemplo, que ahora comienzan las negociaciones con los que se intentará que algún candidato opte a la investidura una vez que se constituyan las nuevas Cámaras; y que el Rey, tras una ronda de contactos con los portavoces de las distintas fuerzas parlamentarias, designará en breve un aspirante a presidente que, en caso de aceptar, habrá de someterse al escrutinio del Congreso para obtener el respaldo de una mayoría de votos favorables.

También aprendimos hace medio año lo que la Constitución establece ante la posibilidad de que nadie logre ser investido jefe de Gobierno en un plazo de dos meses: “El Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso”. Esperemos que los partidos dejen de lado los intereses partidistas y los ‘líderes’ sus apetencias personales, y no tengamos que pasar de nuevo por ese trance, en cuyo caso solo cabe que el PP obtenga mayoría absoluta.