Aquella noche del 23-J, en el balcón de la calle Génova, la plana mayor del PP celebraba lo que ellos creían era su victoria sobre las “fuerzas del mal” de Pedro Sánchez y sus aliados, el “rojerío” y los representantes del  independentismo catalán y vasco, mientras, las masas de adoradores de la desaparecida y antigua gaviota carroñera de la iconografía del PP vitoreaban a Ayuso, la dama de la “fruta”, en lugar de aplaudir a Feijóo, que era quien había ganado las elecciones, un poco más allá, en la calle Ferraz, una exultante María Jesús Montero saltaba, loca de alegría, levantando el brazo de Pedro Sánchez, el perdedor de las elecciones.  Semanas después  cambiaron las tornas, Feijóo no pudo sentarse, satisfecho, en los sofás de Moncloa y Pedro Sánchez no necesitó el camión de las mudanzas porque se quedaba en su domicilio de los últimos años.  Son las cosas que tiene la política y el ir con malas amistades.

Feijóo ha perdido la oportunidad de ser Presidente del Gobierno de España por sus “liaisons dangereuses” con la extrema derecha.  Querer llegar a la Presidencia del Gobierno con Abascal cogido de la mano le ha impedido entrar en Moncloa por la puerta grande y poder quedarse a dormir allí.  Pedro Sánchez, gato viejo en política, hizo una jugada maestra convocando elecciones generales inmediatamente después de la debacle de la izquierda y los independentistas el 28-M, sabía que los gobiernos autonómicos y municipales donde la derecha extrema, el PP, y la extrema derecha, VOX, iban juntos en pocas semanas harían  un retroceso en materia de libertades y derechos humanos asustando a los votantes.  Y así fue, al toque socialista de corneta  de "o nosotros o la extrema derecha" el PSOE recogió votos de quienes no habían ido a las urnas el 28-M e, incluso, algunos votos de los independentistas catalanes.

Luego los resultados y la aritmética obligaron a Sánchez a ser práctico.  Si quería seguir presidiendo el Gobierno de España iba a tener que desayunar varios sapos cada mañana, y lo hizo, los votos de los independentistas catalanes eran necesarios para continuar en Moncloa, y éstos sabían que si dejaban caer a Sánchez todo irá a peor con  la posibilidad de un gobierno donde la extrema derecha estaría presente marcando sus directrices, especialmente contra la lengua y la cultura propias, como desde el primer momento ya hacía en el País Valencià y en las Islas Baleares.  Y el intercambio de “cromos”, totalmente legal en política, se produjo, y llegó la ley de amnistía que ha alborotado todas las aves de corral del nacionalismo español de la piel de toro, que han descubierto las calles para mostrar la  su repulsa a la amnistía, de la que son partidarios siempre que amnistía delitos fiscales y sirva para blanquear miles de euros escondidos en paraísos fiscales.

Pero estos que se manifiestan con banderas anticonstitucionales, gritos de Viva Franco, o arrodillados rezando rosarios porque “España no se rompa”, ni tampoco el puñado de milicos retirados que piden al ejército un golpe de estado para sustituir a Sánchez, nos deben dar miedo, son cuatro frikis añorantes del franquismo. Los peligrosos de verdad son algunos de los miembros de la Brigada Aranzadi, enemigos de la democracia erigidos en baluarte de ambas derechas, defensores de los privilegios de clase. Jueces como García-Castellón que desde la privilegiada trinchera de la Audiencia Nacional pondrá todos los palos posibles en las ruedas para que los legisladores no puedan llevar adelante la ley de amnistía pactada con los grupos progresistas del Congreso. O los caducados magistrados del CGPJ, desde hace cinco años okupas de ese máximo órgano de la judicatura porque el PP se niega a pactar con el PSOE la renovación de los magistrados que han finalizado su legislatura, para así, en palabras de Ignacio  Cosidó, senador del PP poder “controlar el Tribunal Supremo por la puerta de atrás”.

El juez Manuel García-Castellón podría ser el comandante en jefe de esta Brigada Aranzadi por su contumacia en perseguir el independentismo catalán forzando hasta el límite, e incluso más allá, su actuación judicial cuando se trata de sostener las teorías del PP, o, incluso sobreseyendo casos en los que están implicados altos mandos del Partido Popular como Maria Dolores de Cospedal entre otros. su señoría es una magistrado de firmes convicciones conservadoras como ya demostró en su Valladolid natal donde fue sonada su actuación contra la clínica Ginemedica, una de las primeras en practicar abortos, a instancias a su hermano, afiliado al Opus y presidente del grupo ultracatolicista Provida. En el año 2000 Aznar le nombró magistrado de enlace en París, posteriormente Ruiz Gallardón le trasladó a Roma y entre uno y otro sitio García-Castellón se ha pasado 16  años en destinos en el extanjero donde el trabajo no le agobiaba y el estipendio era importante, más de 120,000 euros anuales, una bicoca.

Ahora ha llegado la hora de pagar los favores, porque como dice el refranero español “es de bien nacidos ser agradecidos”, y desde su poltrona en la Audiencia Nacional está dispuesto a que ni Pedro Sánchez ni los independentistas se salgan con la suya, acusando a Puigdemont y Marta Rovira de terrorismo para que no puedan ser favorecidos por la Ley de Amnistía. Para ello ha calificado los hechos del tsunami democrático como terrorismo con el resultado de un muerto. El muerto que su señoría se ha sacado de la manga de la toga fue un ciudadano  francés que aquel día falleció víctima de un infarto. Ahora cuatro años después y con la amnistía tocando a la puerta el magistrado se descuelga con unas  imputaciones por terrorismo cuando los informes de los Mossos en ningún momento han vinculado el tsunami democrático con la muerte de aquel ciudadano francés, ni tampoco lo ha hecho un juez que en su dia archivó el caso por no encontrar relación causa-efecto.

A García-Castelló, al frente de la Brigada Aranzadi, le puede suceder como a la famosa Brigada Ligera británica que en la batalla de Balaclava  en la Guerra de Crimea fue aniquilada por un flagrante error militar, aquí el error, también flagrante, es judicial fruto de ese lawfare al que no son ajenos algunos jueces españoles que se dedican a emprender acciones judiciales contra políticos y ciudadanos como parte de una campaña orquestada en contra de un país,  grupo o una persona. Feijóo amparado en las togas de algunos jueces intenta conseguir por la fuerza del lawfare lo que no ha podido conseguir en las urnas.